UN BUEN RESULTADO ELECTORAL PARA ESPAÑA

Como siempre los resultados electorales dan para hacer valoraciones de parte con las que todos presentarnos felices y contentos, al menos de cara a la galería, como ganadores. Pero la realidad es que no todos han ganado y unos han perdido mucho más que otros.

Ha ganado el bipartidismo, puesto que de trescientos cincuenta diputados las dos grandes fuerzas políticas han obtenido trescientos veintidós. Además, ha quedado claro que ambas fuerzas tienen su electorado en zonas bien distintas: el PSOE se ha fortalecido en los territorios de la periferia de España (especialmente en el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), y el PP se consolida en el centro peninsular (Madrid, Castilla y León, mejora en Castilla La-Mancha, y, aunque no es el centro, Valencia y Murcia).

Ha perdido el nacionalismo radical y rupturista de la España constitucional. El retroceso de Esquerra es más que evidente, ha pasado de ocho a tres diputados, el PNV ha pasado de siete a seis diputados y, lo que es más significativo, ha perdido contundentemente en votos las elecciones en el País Vasco. También han quedado sin representación Eusko Alkartasuna (EA) y el nacionalismo andaluz, cuya representación ha desaparecido en las elecciones de Andalucía. Tampoco le ha ido muy bien a IU que se ha visto afectada por la concentración del voto en el PSOE, pero que no debe olvidar que algunas cosas ha hecho mal, por ejemplo, enviar mensajes confusos en las cuestiones territoriales (v.gr. como en el caso de Mondragón donde hasta hace unas horas gobernaban en coalición con ANV).

En consecuencia los resultados no son buenos para todos, y creo que tampoco son buenos para las estrategias maximalistas del PP y el PSOE, aunque tengo para mí que los resultados son muchísimo mejores para el PSOE. Lo son porque es el que más escaños y votos ha sacado y por lo tanto es quién va a gobernar, pero para lo que ahora me interesa, son mejores resultados porque sus votos están más repartidos a lo largo y ancho de toda España y hacen, nuevamente, al PSOE el partido que mejor cohesiona la Nación Española. No debemos de olvidar, como decía antes, que el PP gana en el centro de la península, pero ello no impide que el PSOE obtenga también el 40 % de los votos en esos territorios (v.gr. Madrid); mientras tanto, el PP en Cataluña y el País Vasco es una fuerza política casi irrelevante.

Con esta situación tengo la impresión de que se abren buenos tiempos para España. No la “España eterna” que ha predicado el PP durante los cuatro años pasados, ni la España confederal de los nacionalismos separatistas. Creo que serán buenos tiempos para la España plural que reconoce la autonomía y el autogobierno de nacionalidades o regiones desde la unidad de todos sus territorios. Una España que es capaz de reconocer las peculiaridades culturales, lingüísticas y sociales, que no tiene pretensiones de “uniformismos”, pero que al mismo tiempo sabe reconocer que vivir en un todo nos ha de llevar a no olvidar y tener muy presente la igualdad y la solidaridad, ya no sólo entre personas, sino también entre territorios.

Estoy convencido de que se presentan buenos tiempos para la España de la Constitución de 1978, la España que está perfilada en el artículo 2 de la Carta Magna y que durante mucho tiempo los extremos han intentado deformar mediante tirones y desgarros. Para ello, los dos grandes partidos se deben poner de acuerdo cuanto antes en cuestiones importantes: como restablecer, sin reproches, la unidad antiterrorista; elaborar un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas; una reforma en profundidad del régimen local, con especial atención a su sistema de financiación, para que la escasez de medios de los ayuntamientos deje de ser una excusa para dilapidar el suelo de sus municipios y planear desarrollos urbanísticos que hipotecan ya no sólo a los ciudadanos, sino también el futuro de esos pueblos.

Tampoco estaría de más llegar a acuerdos sobre el funcionamiento y la renovación de cargos en órganos institucionales (v.gr. Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y otros) y, a poder ser, sobre las reformas constitucionales que unos y otros planteamos y que por falta de tranquilidad y sosiego están pendientes (v.gr. Senado, Sucesión de la Corona, cuestiones electorales, etc.).

La IX Legislatura puede ser un tiempo para el diálogo y el acuerdo institucional. Desde luego estoy convencido que ese es el mensaje que los ciudadanos han enviado a los partidos políticos, en especial a los dos grandes partidos. Espero que los “pequeños intereses” de familias y de “terruños” no lo estropeen.

LA BATALLA DEL SEVERO OCHOA

En Leganés se ha ganado una batalla, pero la guerra continúa. Los Tribunales han desmontado la gran mentira de los 400 asesinatos y han confirmado la dignidad profesional y humana de los sanitarios del Severo. Pero quienes planificaron y ejecutaron esta operación no tenían como objetivo enterrar al doctor Montes y compañía. No solo, al menos. La batalla del Severo ha sido un episodio más de la guerra por la privatización de la sanidad pública y contra el derecho a la muerte sin dolor.

La batalla de Leganés se ha librado fundamentalmente en el campo de la Justicia. La guerra en defensa de la sanidad pública y la guerra por consolidar el derecho a una muerte digna deberán librarse en el campo de la política y la sociedad. Y el próximo día 9 de marzo tendremos una oportunidad inmejorable para poner a cada cual en su sitio.

Los trabajadores del hospital de Leganés ya habían sido objeto con anterioridad de ataques en forma de denuncias anónimas, tan falaces como mal intencionadas. Jamás fueron atendidas. ¿Por qué el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid otorgó entonces credibilidad al libelo descabellado de los 400 asesinatos? La razón es evidente. El desprestigio de un gran hospital público de referencia como el Severo Ochoa funcionó como coartada en la decisión de poner en marcha todos los nuevos hospitales de Madrid mediante empresas privadas. Generar esta crisis en el sur metropolitano de la región proporcionó además dos millones de nuevos clientes potenciales para el nuevo hospital privado que una conocida empresa inauguró precisamente por allí en aquellos días. Con la presidenta de madrina de honor, por supuesto.

Pero Montes y compañía no eran, no son, unos trabajadores más de la sanidad pública madrileña. Los profesionales del Severo constituían, constituyen, una referencia en Madrid y en España en la aplicación de tratamientos paliativos. Los pacientes de Leganés contaron durante años con el privilegio de ser atendidos por sanitarios sensibles y eficaces, que ayudaban a afrontar los últimos días sin el castigo del dolor terrible y estéril. Y alguien decidió dar un escarmiento. Los partidarios de legislar con la fe (con su fe) y de aplicar la ley con sangre decidieron hacer escarnio de un puñado de inocentes. Con sus púlpitos, sus ondas y sus libelos les tacharon de asesinos, de nazis, de “doctor muerte”. Había que frenar esa ola creciente de simpatía hacia los garantes del derecho a la muerte sin dolor.

Insisto. Esta batalla se ganó. Pero seguimos librando la guerra. Defender la sanidad pública es defender nuestro derecho a ser atendidos con calidad y con igualdad. Defender la agonía sin dolor es defender nuestro derecho a morir con dignidad, a morir como nos de la gana. Diga lo que diga su catecismo.

Y el mejor arma en esta guerra está en el voto. Hagamos uso del voto el 9 de marzo.

La Universidad pública y su compromiso con la Igualdad entre mujeres y hombres

La Universidad española se encuentra en un momento decisivo de adaptación a un proceso de modernización iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, para la construcción del denominado Espacio Europeo de Educación Superior. Dentro de este contexto, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases de este proceso de adaptación, introduciendo, entre otras novedades, una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, regulación que  es completada, a su vez, por el Real Decreto 1393/2997, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Pero estar a la altura de este proceso de convergencia europea de nuestras universidades, no es el único reto ante el que debe mostrar, la máxima institución académica, su capacidad de adaptación a la Europa del presente. Como institución pública, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, le encomienda "...fomentar la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres" (art. 25.1) y promover "la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres", así como la "creación de posgrados específicos" y la "realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia" (art 25.2). 

Por otro lado, la evaluación de las propuestas de títulos  deberán ser verificadas, en nuestro país, por el Consejo  de Universidades, siendo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y  Acreditación (ANECA) la encargada de establecer los protocolos de verificación y acreditación de  los mismos y elaborar el informe de evaluación. La ANECA, según este requerimiento, establece los protocolos necesarios para  este proceso de evaluación y  verificación de los planes de estudios, según  un conjunto de criterios y directrices de calidad (http://www.aneca.es/active/docs/UPR_Protocolo%20y%20Plantilla%20Version%20CU_V4_GRADO_071203.pdf ) entre los que se encuentra la inclusión en todos los planes de estudios en que proceda de  materias relativas a  la igualdad  entre hombres y mujeres,  igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad  y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 

Dicho de otra manera, la Universidad, como institución pública, como agente promotor de cambio social que es, deberá adaptar sus nuevos títulos cumpliendo la normativa vigente en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, pero no sólo "por imperativo legal" sino consciente de estar asumiendo su corresponsabilidad en la consecución de la igualdad material por la que tanto se ha trabajado en la presente legislatura y que ha dado ya algunos frutos notables. Habrá que estar atentos y dispuestos a exigir, como miembros de la comunidad académica, el cumplimiento pleno de la normativa vigente en materia de igualdad.

LA CIRCUNSCRIPCIÓN EXTERIOR

Las elecciones y los procedimientos electorales no son un fin en si mismos, sino un medio para la provisión de los puestos políticos en las democracias representativas. Son un instrumento, pero un instrumento indisolublemente unido a la democracia y la forma que tiene de desarrollarse en la comunidad política. Por ello, todo sistema político representativo debe buscar el sistema electoral que mejor se adapta a sus necesidades, de tal suerte, que no hay buen sistema político con un mal sistema electoral, o a la inversa.

Esa indisoluble unidad entre la forma de presentarse la democracia y el sistema electoral se ha producido con especial fuerza en nuestro país, donde el sistema electoral, y en especial el del Congreso de los Diputados, ha sido pieza fundamental para asegurar dos cuestiones que preocupaban sobremanera en nuestra Transición: la consolidación de la democracia representativa, fortaleciendo a los partidos políticos, y la garantía de que las elecciones ofrecieran mayorías suficientes para constituir gobiernos estables.

Si estudiamos con detenimiento los resultados electorales en estos treinta años podemos concluir rápidamente que los objetivos fijados para nuestro sistema electoral se han cumplido sobradamente: tenemos un sistema electoral –en el Congreso de los Diputados- proporcional con algunas correcciones que refleja la pluralidad social de nuestro país y que, al mismo tiempo, ha servido para el fortalecimiento institucional de los partidos políticos. Por otro lado, los resultados electorales no fraccionan en exceso la representación y con ello se consigue con relativa facilidad conformar gobiernos estables, de tal manera que en estos años las mociones de censuras que hayan prosperado son inexistentes y las convocatorias de elecciones anticipadas (¡de verdad!) nulas.

Luego tenemos un sistema electoral que ha funcionado adecuadamente para los objetivos marcados a mediados de los años setenta; ahora bien, después de tres décadas es obvio que han surgido problemas nuevos y, quizás, han aflorado otros que entonces no eran relevantes (v.gr. la “sangría” de votos que se producen en las candidaturas de carácter estatal por culpa de la fragmentación del territorio electoral en circunscripciones; la sobrerrepresentación de las candidaturas de carácter nacionalista que concentran sus votos en pocas circunscripciones, o el voto de los españoles en el extranjero y de los extranjeros residentes en España). Como decía, nuevas cuestiones para nuestro sistema electoral que ha de afrontar para su mejora pero que no lo ponen en cuestión.

La propuesta de crear una “circunscripción del exterior” que presentamos los socialistas en el programa para las elecciones de 2008 plantea una de esa cuestiones no resueltas, o mal resueltas en nuestra legislación electoral. Cómo se hace efectivo el derecho de voto de los españoles que viven en el extranjero y que de acuerdo con el artículo 68.5 de la CE son electores y elegibles en todas las elecciones de manera que la ley debe reconocer ese derecho y el Estado facilitar el ejercicio de sufragio de esas personas.

Hasta ahora el sistema electoral para los españoles residentes en el extranjero se ha organizado mediante la confección del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) y un procedimiento de votación establecido en el artículo 75 de la LOREG muy similar al voto por correo. Cómo es fácil de deducir, la confección del CERA y, sobre todo, su actualización para que se corresponda con las personas que realmente tienen en cada proceso electoral derecho al voto ha sido una cuestión compleja que ha requerido de no pocas modificaciones y mejoras (quizás una de las más importante fue que se estableciese la obligatoriedad de que el CERA debía actualizarse mes a mes). Pero sin duda, la cuestión que más problemas ha generado y que despierta un clamor más fuerte es el sistema de emisión del voto. La reivindicación es que se pueda emitir el voto, como el resto de los españoles, en urna. En este sentido la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, establece en el artículo 4 que se promoverán las medidas legales tendentes a homogeneizar los procedimientos electorales para la ciudadanía española en el exterior y se habilitarán los medios materiales, técnicos y humanos precisos que posibiliten la votación en urna, o a través de otro medio técnico que garantice el secreto del voto y la identidad del votante en las elecciones generales, europeas y autonómicas en las demarcaciones consulares, teniendo en cuenta la característica de los países de residencia y el número y distribución de españoles residentes en el país de que se trate.

La circunscripción del exterior es la mejor solución para poder cumplir el mandato de la Ley 40/2006 de la ciudadanía española en el exterior, además de simplificar y dar seguridad y fiabilidad al procedimiento electoral en el extranjero. El voto en urna en la situación actual es obviamente complicado, no debemos de olvidar que los electores en el extranjero están censados en cualquiera de las cincuenta y dos circunscripciones del Estado y abrir urnas en todos los Consulados y Embajadas para ello sería arto difícil. Pero sobre todo, sería la mejor manera de simplificar el sistema electoral y la mejor manera para garantizar que todo el procedimiento está en manos de la administración electoral española. Ahora el voto por correo desde del exterior pone parte del proceso en los sistemas de correos de cada uno de los países y con ello se pierde la capacidad de supervisión y control de nuestra administración.

Es cierto que la Constitución española dice en el artículo 68.2 que la circunscripción electoral es la provincia, pero como ya he señalado antes, también es cierto que el artículo 68.5 reconoce a los españoles en el extranjero que tienen derecho al sufragio activo o pasivo. Luego creo que este asunto debemos tratarlo como se han tratado los temas electorales hasta la fecha en nuestro país. Con tranquilidad, con espíritu de consenso y con vocación de llegar a los acuerdos que nos acerquen a solucionar los problemas que nuestro sistema electoral nos plantea.

Creo que nadie duda de que este asunto requiere de una solución mejor que la que hasta ahora se le ha dado, donde no han faltado irregularidades y fraudes, y puesto que hay otro asuntos electorales que tratar, lo lógico es que nos planteemos en ese marco la vía de la circunscripción del exterior como una forma para su solución. Los socialistas, como siempre abriendo caminos para la democracia y la participación de los ciudadanos, otros poniendo “pegas” y que queriendo que todo siga cuanto más oscuro mejor. ¿Llevarán algo envuelto?

Escrito por Elviro Aranda Álvarez   

La paridad también en las Elecciones Generales

Las políticas de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres ha sido una constante en las decisiones del gobierno socialista en la VIII Legislatura. Desde el punto de vista electoral lo más significativo es la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece medidas para garantizar una presencia equilibrada de ambos sexos en las listas electorales.

El nuevo artículo 45 bis de la LOREG, que ha introducido la Ley 3/2007 de igualdad, establece que las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Además, y para evitar que se releguen a las mujeres a los últimos puestos, dicho porcentaje se ha de mantener en cada tramo de cinco puestos. Para el Senado, también se establece esta medida, pero como el sistema electoral es abierto y desbloqueado se dice que cuando las candidaturas se agrupen en listas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico.

La discriminación que sufre la mujer es un mal “endémico” de casi todas las sociedades y culturas, inaceptable en un régimen político que tiene como centro de su existencia la dignidad, la libertad e igualdad de todas las personas. La democracia no es nada sin el reconocimiento de una ciudadanía participativa de todos y todas los que forman la comunidad política. Pero durante mucho tiempo, aunque formalmente la universalidad política estaba reconocida, en la práctica la vida pública y las funciones representativas quedaban vedadas a las mujeres y se convertían en un “coto” de los hombres.

En estos últimos años las/os socialistas hemos desplegado una gran campaña para desvelar que la mitad de la población -las mujeres- estaban fuera de la política y que para superar esta injusticia debíamos poner en marcha acciones positivas que garantizasen que ellas también están en los parlamentos y el resto de instituciones públicas. Hemos avanzado mucho en concienciación social, pero quedaba por llevar las medidas al BOE para una transformación más profunda.

El nuevo artículo 44 bis de la LOREG es la garantía legal de que la igualdad y la lucha contra la no discriminación que establecen los artículos 14 y 9.2 de la CE se cumplen en los órganos de representación política (Cortes Generales, Parlamentos Autónomos y Plenos municipales), no es tan sólo la culminación de un compromiso político de los socialista, ¡que lo es!, es el cumplimiento de un mandato constitucional que no acepta ninguna discriminación, y menos en la vida pública representativa que ha de ser el mejor “escaparate” de lo que es nuestra sociedad.

Ahora que estamos en proceso de confección de listas para el Congreso de los Diputados y el Senado lo que toca es estar muy atentos a que todos los partidos cumplen la ley. De no hacerlo, evidentemente habrá que exigirles que lo hagan, pero sobre todo deben ser los ciudadanos los que conozcan el comportamiento de cada uno de ellos y los que deben reprobarlos negándoles su voto por ese mal actuar con las mujeres, con el Estado de Derecho y la Constitución.

Escrito por Elviro Aranda   

El caso Gallardón

Se dice que nuestra democracia es de partidos porque son éstos los sujetos fundamentales en la conformación de los órganos representativos del Estado (Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas autonómicas y Plenos municipales). Aunque a muchos les pueda parecer lo anterior una “aberración” es una obviedad que todo el que conozca minimamente el sistema no discute. Es más, es así porque lo quiso la Constitución cuando nada más y nada menos que en el Título Preliminar, que es el que establece el modelo de Estado y sus elementos esenciales, reconoce que los partidos políticos son piezas esenciales para llevar hasta las instituciones el pluralismo de la sociedad (art. 6 CE).

El espectáculo que ha dado el PP con el proceso de exclusión de Gallardón de su lista electoral por Madrid al Congreso da para una pequeña reflexión sobre el comportamiento de los partidos en la confección de listas y el derecho de sufragio activo y pasivo que todo ciudadano tiene reconocido en el artículo 23 de la CE.

Tenemos un sistema electoral organizado para que en la práctica sean los partidos políticos los que ejerzan la función representativa, donde los individuos tienen escasísimas posibilidades de conseguir ejercer el derecho de sufragio pasivo sino están integrados en las candidaturas de los partidos. Lo que ha sucedido en el PP nos muestra que la posibilidad de que una persona sea candidato tan sólo depende del criterio del “Jefe del partido” que decide quién aparece en las listas. Hasta tal punto es decisión de uno la elaboración de las listas en el PP que Rajoy para justificar su decisión un día después dice que él tan sólo responde ante los ciudadanos (argumento parecido al de cierto personaje de triste recuerdo para los demócratas españoles que decía que sólo respondía ante Dios y la Historia).

Nuestro sistema electoral me parece bueno, creo que cumple adecuadamente su función, espero justificarlo en un próximo artículo, pero sin embargo, los prolegómenos del proceso electoral, la confección de las listas electorales deja mucho que desear en algunos partidos. ¡Claro estamos en el ámbito de los partidos! Se que aún no ha entrado en acción el derecho electoral y el procedimiento administrativo para impedir la arbitrariedad, ¡pero ojo! No se ha de olvidar que el artículo 6 de la CE también dice que la organización y funcionamiento de los partidos políticos deben ser democráticos. Luego, ¿para cuando la democracia en quienes tienen como misión hacerla efectiva? En algunos, como el PP, bastaría que pudiera aplicarse el principio de mérito y capacidad para que la cosa fuera un “pelín” menos arbitraria y más respetuosa con la Constitución.  

Escrito por Elviro Aranda