LA BATALLA DEL SEVERO OCHOA

En Leganés se ha ganado una batalla, pero la guerra continúa. Los Tribunales han desmontado la gran mentira de los 400 asesinatos y han confirmado la dignidad profesional y humana de los sanitarios del Severo. Pero quienes planificaron y ejecutaron esta operación no tenían como objetivo enterrar al doctor Montes y compañía. No solo, al menos. La batalla del Severo ha sido un episodio más de la guerra por la privatización de la sanidad pública y contra el derecho a la muerte sin dolor.

La batalla de Leganés se ha librado fundamentalmente en el campo de la Justicia. La guerra en defensa de la sanidad pública y la guerra por consolidar el derecho a una muerte digna deberán librarse en el campo de la política y la sociedad. Y el próximo día 9 de marzo tendremos una oportunidad inmejorable para poner a cada cual en su sitio.

Los trabajadores del hospital de Leganés ya habían sido objeto con anterioridad de ataques en forma de denuncias anónimas, tan falaces como mal intencionadas. Jamás fueron atendidas. ¿Por qué el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid otorgó entonces credibilidad al libelo descabellado de los 400 asesinatos? La razón es evidente. El desprestigio de un gran hospital público de referencia como el Severo Ochoa funcionó como coartada en la decisión de poner en marcha todos los nuevos hospitales de Madrid mediante empresas privadas. Generar esta crisis en el sur metropolitano de la región proporcionó además dos millones de nuevos clientes potenciales para el nuevo hospital privado que una conocida empresa inauguró precisamente por allí en aquellos días. Con la presidenta de madrina de honor, por supuesto.

Pero Montes y compañía no eran, no son, unos trabajadores más de la sanidad pública madrileña. Los profesionales del Severo constituían, constituyen, una referencia en Madrid y en España en la aplicación de tratamientos paliativos. Los pacientes de Leganés contaron durante años con el privilegio de ser atendidos por sanitarios sensibles y eficaces, que ayudaban a afrontar los últimos días sin el castigo del dolor terrible y estéril. Y alguien decidió dar un escarmiento. Los partidarios de legislar con la fe (con su fe) y de aplicar la ley con sangre decidieron hacer escarnio de un puñado de inocentes. Con sus púlpitos, sus ondas y sus libelos les tacharon de asesinos, de nazis, de “doctor muerte”. Había que frenar esa ola creciente de simpatía hacia los garantes del derecho a la muerte sin dolor.

Insisto. Esta batalla se ganó. Pero seguimos librando la guerra. Defender la sanidad pública es defender nuestro derecho a ser atendidos con calidad y con igualdad. Defender la agonía sin dolor es defender nuestro derecho a morir con dignidad, a morir como nos de la gana. Diga lo que diga su catecismo.

Y el mejor arma en esta guerra está en el voto. Hagamos uso del voto el 9 de marzo.