Agrupación Socialista Universitaria (ASU)

Han pasado 25 años desde que aprobamos la vigente regulación legal del aborto. En aquellos momentos se produjo un fuerte debate social sobre la conveniencia de su despenalización parcial. En ese tiempo, pese a la resistencia contumaz de la Iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad, llegamos a un acuerdo mayoritario en la calle y el Parlamento para que con el aborto no ganara la hipocresía de los que lo niegan pero ponen remedio a sus embarazos no deseados fuera de España, ni la catástrofe que se cierne sobre las mujeres sin recursos ni libertad ante un acontecimiento que marcará su vida.

El sistema de indicaciones que ha funcionado durante estos años, y que el Tribunal Constitucional avaló con la Sentencia 53/1985, supuso la despenalización el aborto en tres supuestos: aborto terapéutico, para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; aborto ético, cuando el embarazo es consecuencia de un delito de violación; y aborto eugenésico, cuando se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas. Un sistema que, pese a la buena voluntad del legislador, ha presentado durante todos estos años sonoros fallos: profesionales que tenían que acabar interpretando la norma, en unos casos extensivamente, y con ello desbordando las previsiones del Código Penal; en otros, restrictivamente, y con ello dejando a la mujer que tiene que reaccionar ante un embarazo en poco tiempo en una situación de gran incertidumbre.

Ante estos problemas, la doctrina científica jurídica y médica más autorizada ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de abordar el asunto es mediante una ley de plazos. El sistema de plazos es la solución que mejor se ajusta a la visión del aborto como un conflicto de derechos y más se aleja de los enfoques morales extremos:
Por un lado, está la posición moral de la Iglesia católica y los seguidores de sus postulados, que entienden que la vida es un valor supremo que se inicia desde la fecundación y que abortar, por tanto, supone una atentado a la vida humana en sus momentos iniciales, y por ello debe ser perseguido y sancionado penalmente.

Por otro, están aquellos sectores que entienden el aborto voluntario como un derecho de la mujer en el disfrute de su sexualidad y a poder decidir sobre el momento de la maternidad sin ningún límite. El aborto se entiende como parte de la libertad y autodeterminación de la mujer: “Nosotras parimos, nosotras
decidimos”.

La posición intermedia es la que ve el aborto como un conflicto de derechos e intereses. Es una tesis que supera las dos tesis morales antes planteadas: por un lado, está el valor e interés jurídico del no nacido que, aunque no es persona, es un proyecto de vida que debe interesar al Derecho; por otro, están los derechos de libertad, dignidad, circunstancias sociales y personales de la mujer que se ve afectada por un embarazo no deseado y que, evidentemente, va a condicionar su vida futura.

El sistema de plazos parte de la idea de que la vida prenatal se desarrolla en tres grandes fases: primera, la embrionaria, que se estima que da comienzo unos 14 días después de la fecundación, es el momento en el que se produce la anidación o implantación del óvulo fecundado en el útero materno y que transcurre durante los tres primeros meses de
embarazo.

Segunda, la fetal, que es cuando ese nuevo ser comienza a presentar signos vitales, latidos del corazón, signo de actividad cerebral y desarrollo del resto de los órganos y que transcurre durante los tres meses siguientes. Tercera, la etapa postparto, en la que el feto ya está en condiciones de poder vivir autónomamente y su maduración es tan alta que en algunos alumbramientos prematuros es factible mantenerlo con vida y garantizar su desarrollo normal.
Por ello, el sistema de plazos supone la despenalización de todo aborto consentido e informado practicado durante los tres primeros meses de gestación (fase embrionaria). La razón es que durante esa fase, la nueva vida está poco desarrollada y el aborto resulta menos peligroso para la vida y la integridad de la madre.

Puesto que la vida es un proceso progresivo, esa vida en formación, en un estadio tan inicial, sería menos relevante jurídicamente hablando que los derechos de libertad y dignidad de la mujer que entran en conflicto con ella.
A partir de la décimosegunda semana debe valorarse el mayor desarrollo de esa nueva vida, y sólo podría producirse el aborto en supuestos muy concretos: detección de graves problemas en el feto que hacen cuestionable su vida o que se desarrolle con graves limitaciones, o peligro físico para la madre de seguir con el embarazo. En estos supuestos, es muy importante que el Legislador establezca las condiciones de forma muy cuidadosa para que la generalidad de la norma no de lugar a nuevos casos de incertidumbre que lleven a mujeres y profesionales a situaciones de inseguridad o fraude legal.
Y si esto es así, y la doctrina más autorizada de nuestro sector científico jurídico y médico lo han dicho, la pregunta es ¿cómo es posible que un órgano consultivo como es el Consejo General del Poder Judicial no emita informe alguno? Sencillamente porque nuevamente han primado las convicciones morales sobre los criterios técnicos.

Elviro Aranda

EL PELIGRO DE ADELANTAR LA POSICIÓN DE VOTO EN EL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS MADRILEÑOS

            El Presidente del Gobierno junto con los lideres del Partido en las distintas Comunidades Autónomas decidieron hace un par de semanas que los socialistas no vamos a votar en contra de la ley de presupuestos de Comunidad o Municipio alguno. El argumento para tomar esta decisión es sencillo y bien intencionado: España, como el resto del mundo, está viviendo la crisis más grave que se ha dado desde hace muchas décadas. Hasta ahora la crisis es, fundamentalmente, financiera, pero de no resolverse pronto corremos el riesgo de que se contamine la economía productiva y la situación podría llegar a ser impredecible. En esta situación, las Administraciones Públicas deben ponerse al frente y, además de ayudar a los sectores más necesitados y procurar corregir los problemas de liquidez del mercado del dinero, deben enviar un mensaje de unidad, austeridad y rigor en las cuentas para que los ciudadanos entiendan  que es lo que toca en esta situación tan complicada.

            Hasta aquí todo perfecto. Está claro que nos estamos jugando el futuro de todos por culpa de algunos ambiciosos sin límite y el descuido de los que soñaron con la capacidad de autocontrol del mercado. Pero no es cuestión de pasar cuentas ahora, aunque ¡habrá que pedirlas en algún momento! Es el momento de reaccionar para solucionar la situación. Para ello, qué mejor que todos –la política, los empresarios, los sindicatos, las finanzas- nos presentemos unidos y apoyemos a quien debe tomar las decisiones políticas y económicas del Estado.

Sin embargo, creo que tampoco debemos perder de vista el importantísimo valor que tiene el trámite de la Ley de Presupuestos y la misión que ha de jugar la oposición en la Comunidad de Madrid donde tan grande es la confrontación ideológica entre izquierda y derecha.

            La Ley de Presupuestos es la norma más importante que tramita la Asamblea de Madrid a lo largo de todo el año. En ella, la mayoría que sustenta al Gobierno del PP define la política de gastos e ingresos para el próximo ejercicio, de manera que en ese orden de gastos e ingresos va implícito el proyecto político de doña Esperanza Aguirre y la parte del programa electoral que entiende se debe ejecutar en el ejercicio.

También es el momento para que la oposición presente sus alternativas. La oposición, si es “como Dios manda”, debe tener un “gobierno en la sombra” y tiene que aprovechar la oportunidad de la tramitación y el debate presupuestario, no sólo para criticar lo que el Gobierno pretenda hacer, sino para ofrecer un proyecto alternativo a los ciudadanos. De esta manera es como los votantes tiene la oportunidad de ir conformando su voto con el criterio de la mayor o menor solvencia que unos y otros les ofrecen.

            La oposición tiene que ser opción de gobierno y para ello no basta con ocupar los escaños que están en frente de la mayoría parlamentaria, se tiene que construir con rigor una alternativa capaz de suscitar la simpatía y la confianza de los ciudadanos. Por eso, no creo que la oposición pueda dar “cheques en blanco” al Gobierno y su mayoría, Y mucho menos cuando se hace antes de que ese gobierno nos haya presentado lo que pretende hacer en el próximo año. De ser así, pueden suceder al menos, tres cosas:

Primero, que se pierde fuerza en el discurso, puesto que ya antes de empezar a debatir la Ley más ideológica del año se ha renunciado a posicionarse en contra.

Segundo, que se da manos libres al Gobierno para que sin recato alguno presente los presupuestos que más le plazca. ¿Cómo se va a moderar en su programa de máximos o va aceptar enmiendas de la oposición un Gobierno que sabe que le digan lo que le digan no le van a votar en contra?

Tercero, que en aquellos municipios donde un partido distinto al socialista gobierne en minoría estará tentado a no llegar a acuerdos con otros grupos si de entrada sabe que podrá sacar la ley presupuestaria adelante con el voto positivo o la abstención del Grupo Socialista.

Finalmente, pero no menos importante, los socialista por responsabilidad en momentos difíciles vamos a estar con quien gobierne en las distintas administraciones. Ahora bien, si puesto que el PP sabe antes de iniciarse el proceso de debate presupuestario que no va a tener oposición, decide estrangular económicamente la Universidad, privatizar no solo los nuevos hospitales sino también los viejos, seguir con sus proyecto de venta del Canal de Isabel II, no invertir en la escuela pública e incrementar la financiación de los centros privados subvencionados, aumentar los impuestos a los madrileños y no afrontar la defensa de la biodiversidad madrileña dando rienda suelta a los especuladores en los aledaños de nuestros parques naturales ¿también tenemos que dar nuestro voto favorable o abstenernos? Y de ser así, y agravarse mucho más la situación de la Comunidad Autónoma dentro de un año ¿quién será entonces responsable?

                                                                       Elviro Aranda Álvarez

Diputado. Portavoz Adjunto Comisión Constitucional

Los ataques que están recibiendo los servicios públicos esenciales en Madrid con los Gobiernos de la Sra. Aguirre han encendido todas las luces rojas hace ya mucho tiempo.

En la política de las Sra. Aguirre es todo un escándalo que no se haga nada para crear un potente parque de escuelas infantiles teniendo en cuenta el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo; no menos preocupante es el sistemático abandono de la educación básica obligatoria en los centros privados que viven de los conciertos con la Comunidad Autónoma y que muchos de ellos, por debajo, seleccionan a los alumnos y proyectan éticas privadas y desconocen los valores constitucionales; y que decir, de la locura de los “mil y un inventos” de gestión privada para entregar el servicio público sanitario de Madrid a las empresas privadas, muchas de ellas sin ni tan siquiera experiencia en el sector sanitario.

Todo ello, sería más que suficiente para que la sociedad madrileña y, en especial, los partidos políticos de izquierdas definieran una línea de actuación clara, que abandonen las posiciones erráticas de algunos, y nos comprometa a todos con la gestión pública de dichos servicios. No deberíamos olvidar que durante muchos años éstos han garantizado la universalización de derechos sociales que costaron décadas para su conquista (educación, sanidad, servicios asistenciales, pensiones, etc).

Lo que está sucediendo en estos días con la financiación de la universidad pública madrileña es más de lo mismo, pero agravado. Me explico:

Casi de un día para otro, aunque la operación ya estaba preparada hace tiempo, y por lo tanto con escaso margen de maniobra para las universidades, la Comunidad de Madrid ha comunicado a los rectores que dirigen seis centros y tienen matriculados a mas de 276.000 alumnos, que con efectos 30 de septiembre se recorta el 30% la transferencia para gastos corrientes. Es decir, la partida que va al pago del profesorado y el resto del personal. Un recorte que supone que las universidades públicas van a recibir 108 millones de euros menos tan sólo de octubre a diciembre de 2008. Cómo la cosa supone estrangular los pagos de personal la solución de la Comunidad es bien simple: vayan a los bancos y pidan dinero prestado.

A nadie se le escapa que la situación es más que preocupante, no debemos de olvidar que las universidades se financian en más del 80% de la transferencia pública y que sólo el 15% llega de los ingresos por tasas académicas y menos del 5% por otros conceptos. Tampoco hay que olvidar que ese espectacular recorte, además de incumplir la obligación de financiación que la Consejería de Educación tiene con la Universidad, supone el incumplimiento del Contrato Programa (2006-2010) suscrito entre la Consejería y las universidades.

Pero la cosa no queda ahí. La Comunidad de Madrid ha dicho que también tiene intención de reducir las subvenciones dirigidas a inversiones para las universidades entre un 50 y un 60% ¡si he dicho bien, entre un 50 y un 60 %, no me he equivocado!

Además, todos estos recortes se producen al inicio del curso 2008-2009 en pleno proceso de implementación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que según el Consejo de Universidades, va a requerir una inversión en enseñanza superior en España de una décima del PIB respecto de lo que se invierte ahora; es decir, que hemos de pasar del 1,22 al 1,32 del PIB (que si no estoy equivocado es algo más de mil millones de euros).

Madrid es la Comunidad Autónoma de España donde la universidad tiene más y mejor implantación. El 20% de los estudiantes universitarios de nuestro país están en Madrid y sus universidades. Como decía, eso supone que tenemos más de 270.000 alumnos. Unido a ese gran desarrollo universitario, Madrid es una de las Comunidades con mayor capacidad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el país. A nadie se le escapa que entre los centros de investigación e innovación de carácter universitario y otros organismos públicos (OPI´s) Madrid es líder en I+D+i en España.

La investigación, el desarrollo y la innovación en tiempos de crisis en los sectores productivos tradicionales deben ser la clave para salir del bache en el que nos encontramos. Este es un argumento tan claro y tan evidente que todo el mundo lo reconoce: en la “vieja Europa”, que es donde nosotros estamos, el valor añadido con el que contamos ante la crisis y las sociedades emergentes es el conocimiento y la capacidad de innovar que dicho conocimiento produce (así lo establece la Estrategia de Lisboa). Si Madrid está, y puede seguir, a la cabeza de España en Ciencia e Investigación ligada a sus potentes universidades públicas ¿qué sentido tiene darle este golpe de muerte al sector más estratégico de nuestra Comunidad Autónoma? ¿No tendrá algo que ver que en Madrid también hay ocho universidades privadas y sin embargo no cuentan con más de 34.000 alumnos de los 276.330 que hay en la Comunidad? Esperen unos años para comprobar los resultados de esta situación de estrangulamiento financiero de la universidad pública y verán como se multiplican los alumnos en las privadas ¡Al tiempo!

Frente a este modelo que deteriora poco a poco lo público estrangulándolo económicamente para que la oferta privada compita con ventaja, está la apuesta del Gobierno de Zapatero que lleva casi cinco años en un proceso de modernización de la universidad pública con aumentos del presupuesto cada ejercicio cerca del 10 % (para el 2009, pese a la crisis un 8%). Este año se ha puesto en marcha la “Estrategia Universidad 2015” encaminada a la renovación y modernización de la universidad española mediante la promoción de la excelencia docente y científica y su internacionalización. Para ello, se apuesta por la financiación de grandes concentraciones universitarias, el desarrollo científico, la actualización del profesorado y el investigador y el aumento sustancial de las becas y los “préstamos renta” para estudiar en España y el extranjero. Todo ello, conlleva un esfuerzo presupuestario que está estrechamente ligado con el que se hace en Investigación, Desarrollo e innovación, para el 2009 casi 8.000 millones de euros en inversión civil. Aquí también se cuenta con la continuidad del ambicioso Plan aprobado en 2005 “Ingenio 2010” y que pretende alcanzar una inversión del 2 % del PIB destinado a I+D+i en 2010 y que junto con la inversión privada sirva para alcanzar la media de la UE en porcentaje del PIB destinado a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

¡Es otra forma de entender la Universidad y la Ciencia y el Desarrollo que lleva aparejada, y cómo han de contribuir al futuro de España!

Elviro Aranda Álvarez.

Hace unas semanas se celebró en Madrid el decimoprimer Congreso del PSM.

Yo que soy una militante que lleva muy poco tiempo metida en el partido esperaba con ilusión esta fecha, para mí era una gran oportunidad de sentirme involucrada en el partido que defiende mis ideas y con el cual me identifico. Por qué no decirlo, estaba muy entusiasmada. Sin embargo, cuando llegó el día y vi que era en verdad la política y el PSM, sentí una gran desilusión, una especie de fracaso, pues aquello distaba mucho de lo que cualquier persona o militante que no este muy metido en la política pueda imaginar.

Verdaderamente pensé que había más preocupación por los medios de comunicación que por los militantes que creemos en que el Partido Socialista de Madrid es el que debe gobernar en la comunidad.

El primer día acudió Leire Patín, para mostrar su apoyo al candidato a Secretario General Tomás Gómez y nos dio un discurso orientado a mostrar nuestra fortaleza de cara al PP. Sin embargo no sé que había en sus palabras, pero no me llegaba a transmitir eso que yo pensaba que era lo que debía transmitir. Después del descanso desapareció la prensa y los invitados y nos subsumimos en una especie de oscuridad que se mezclaba con un ambiente un tanto extraño.

Subieron algunos militantes a mostrar su apoyo a Tomás y se produjeron grandes carcajadas cuando uno de ellos se autodefinió como un pelota. Sólo hubo dos intervenciones que pidieron el voto en contra, las cuales obtuvieron pocos aplausos, aunque mostraban una opinión tan respetable como la que pudiera haber dado cualquiera de los allí presentes.

Tomás dio varios discursos durante el Congreso, aunque del mismo modo que Leire, no me convencía. No sé quizá fuera el ambiente que estaba respirando el que me hacía tener esa visión. Después de tanto tiempo queriendo sentirme involucrada en el partido, no entendía ni la mitad de las cosas que allí pasaban. Mi ilusión se había desmoronado.

El segundo día de Congreso empezó igual que el anterior, con impuntualidad. Aunque la falta de organización que parecía haber era un poco alarmante.

Tomás recibió ya como Secretario General del PSM al Presidente de Gobierno y ambos entraron en el plenario entre aplausos. Zapatero hay que decir que tiene un porte que no todos los políticos poseen y que ya de por sí arranca aplausos.

A pesar de todo, como el día anterior no era capaz de sentirme integrada oyendo a Zapatero criticar a Esperanza Aguirre. Sin embargo el Presidente encandiló al anfiteatro y a la prensa.

He de decir también que noté un poco de utopía en las palabras de muchos que veían demasiado fácil destronar a Aguirre. Va a ser un trabajo muy difícil el que va a tener que hacer Tomás si queremos ganar en Madrid en 2011 y me pareció muy desacertado afirmar con rotundidad nuestra victoria. Esta bien que nos lo creamos un poco pero sin olvidar nunca el principio de prudencia como decía una profesora mía.

El tercer y último día fue normal, sin mayor novedad. El mismo ambiente tenso y mi falta de ubicación. Tomás estaba como si no se lo creyera, recibiendo los halagos que le prodigaba la gente de su alrededor.

Les diré a modo de conclusión que para ser un partido como se pinta hacia fuera, a mí, me desilusionó.

No sentí esa “atracción” que debería tener para los jóvenes, que a fin de cuentas somos las generaciones venideras que deben “sustentar” el país como dice mi abuela. No sé pero personalmente creo que debería hacerse algo para que nos sintamos más involucrados, no sé como decirlo. Siento decírselo así, con frases hechas y metáforas, pero creo que debería tenérsenos más en cuenta y no sólo en el sentido de Juventudes, sino también a los jóvenes que estamos en otro tipo de agrupaciones, esos que a pesar de no ir etiquetados con Juventudes estamos al pie del cañón para colaborar con nuestro partido en lo que sea necesario.

Por último y para cerrar este diario en el que me he propuesto mostrarles mi punto de vista, diré que a pesar de todo, hay personas y agrupaciones con las que ha sido un placer compartir este Congreso, que me han demostrado cuales son los principios socialistas y como es la vida en este partido. Respecto a las elecciones de 2011, dejemos que el tiempo dictamine y no adelantemos acontecimientos como siempre ya que todos conocemos el cuento de la lechera y su final.

Sin más espero que les haya gustado este pequeño artículo pues lo he hecho con toda mi buena intención.

Lorena Pérez García

El sistema electoral es una herramienta en la democracia representativa de una gran importancia. Sirve para poder hacer presente la voluntad popular. Por tanto, es el instrumento que garantiza la legitimación del sistema, y posibilita la formación de gobiernos de mayor o menor estabilidad. Por lo tanto, con el sistema electoral siempre vamos a estar ante un modelo que prioriza la fortaleza de los partidos mayoritarios o la presencia en las cámaras parlamentarias de los grupos minoritarios. Por más vueltas que se le de al asunto estas son las dos grandes cuestiones que aparecen al hablar de procesos electorales, y la "dosis" que se ponga de cada uno de los dos modelos es lo que determina estar más cerca de un sistema o de otro.

Para todos aquellos que conocen un poco el Derecho electoral es sabido que hay dos grandes modelos electorales que, a su vez, admiten distintas variables: el modelo mayoritario, propio de la cultura anglosajona, que se fija sobre todo en la consecución de la representación y la garantía de gobiernos estables; y, el modelo proporcional, más cercano a la cultura continental Europea, donde prima la idea de representatividad y, por tanto, el sistema electoral busca ante todo la justicia electoral.

La Constitución española establece en el artículo 68 que los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La expresión anterior se ha convertido casi en una muletilla para definir el derecho de voto en nuestro sistema. De ella tiene sentido fijarse ahora en la idea de que el voto ha de ser universal e igual.

La universalidad del voto fue el primer intento para corregir el voto censatario propio de las constituciones liberales de finales del XVIII y principios del XIX. Aunque, ciertamente, fue un intento fallido puesto que para que los "privilegiados" pudieran seguir teniendo peso en las elecciones se ideó el voto múltiple o voto plural. ¡Bien simple el invento!: todos votan, pero algunos votan más.

El segundo paso fue decir que el derecho de voto tenía que ser además de universal igual. Entendida la igualdad como el trato formalmente idéntico para todos los electores en el reconocimiento del ejercicio de voto.

Las constituciones contemporáneas han asumido esos avances y en la actualidad decir que el derecho de voto es universal e igual se puede entender de dos formas: una estrictamente formal o de igualdad aritmética; es decir, que todos tiene derecho a participar emitiendo su voto en igualdad de condiciones. Otra de carácter material o igualdad de resultado; es decir, que la igualdad del voto no se garantiza tan sólo con el derecho de emisión, sino que debe haber también una cierta igualdad de resultados. Cuando se prioriza un sistema de igualdad formal es fácil poner en práctica un sistema mayoritario puesto que, garantizada la igualdad de emisión, lo que se busca es la gobernabilidad. Cuando se prioriza un sistema de igualdad material es más frecuente poner en práctica sistemas proporcionales puesto que lo más relevante es conseguir un "reflejo" lo más ajustado posible en las instituciones a la realidad social; y por ello, se está más dispuesto a "sacrificar" niveles de gobernabilidad.

Nos manejamos con un sistema electoral que produce situaciones de la siguiente naturaleza: en Madrid conseguir un escaño en las elecciones de 2008 costó 173.762 votos, mientras que en Soria bastó con 46.796 votos; un sistema que en esas mismas elecciones ha dado una representación de 2 diputados para IU con 936.040 votos y una representación de 6 diputados al PNV con 303.243 votos. Parece que ahí tenemos un problema con la igualdad de resultado.

Sin duda que nuestro sistema electoral ha sido de gran utilidad para la conformación de gobiernos de gran estabilidad, no en vano si se analiza con cuidado, cosa que no puedo hacer ahora, ha funcionado en la práctica como un sistema mayoritario corregido. Desde luego, eso tenía mucho sentido cuando se aprobaron las primeras normas electorales que lo que buscaban como prioridad era asegurar la democracia en un país que salía de cuarenta años de dictadura, pero eso ha cambiado y, quizás por ello, nos podría hacer pensar si no debería cambiar también un sistema que restringe tanto la igualdad de resultados en el voto. No se ha de olvidar que el apartado 68.3 de la Constitución dice que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

Cuando se habla de reformas electorales se recurre siempre a reclamar el cambio de la fórmula de transformación de los votos en escaños, la famosa ley D´Hondt y, también es frecuente hablar de la apertura o el desbloqueo de las listas. Sin embargo, se suelen olvidar dos cuestiones que seguro --tampoco puedo desarrollarlo ahora pero basta con irse a la literatura especializada para comprobarlo--, mejorarían mucho la proporcionalidad: el aumento de los escaños de 350 a 400 y el reparto de escaños a elegir por circunscripción. El aumento de 50 diputados supone una oportunidad de primar aquellas circunscripciones más pobladas sin la necesidad de restar a otras; la segunda --de mayor dificultad política, soy consciente--, supone replantearse el número de escaños mínimos que se asigna a cada circunscripción (ahora son dos) y el sistema de prorrateo de los escaños que se asignan a cada provincia según la población.

Como decía, no puedo desarrollarlo ahora, pero con un sistema de 400 escaños y una formula de prorrateo de escaños por provincia que cambie la fórmula de cuota de reparto del actual artículo 162.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por un sistema de reparto inspirado en la fórmula D´Hondt Madrid pasaría de 35 a 45 escaños y Barcelona de 31 a 40 que, sin duda mejora mucho la proporcionalidad. La pregunta es: ¿estaremos en condiciones de alcanzar los acuerdos necesarios para hacer éstos y otros cambios que actualicen nuestro sistema electoral?

Escrito por Elviro Aranda Álvarez   

Estamos al inicio de una nueva legislatura y casi como práctica de buenas costumbres seguro que muchos nos acordaremos en los próximos días del funcionamiento del Parlamento y de la necesidad de remozar sus normas internas: el Reglamento del Congreso de los Diputados y el Reglamento del Senado.

Los discursos de toma de posesión de los Presidentes de ambas cámaras ya hace muchos años que recogen, también como práctica de buenas costumbres, la mención a su compromiso decidido de que, mediante la reforma de esas normas, se modernice el Parlamento y se consiga una mayor efectividad en el trabajo que se desarrolla en la Carrera de San Jerónimo y la Plaza de la Marina.

Que desde 1982 no se haya podido hacer una reforma en profundidad, pese a que todos los que trabajan en las Cámaras, tanto como profesionales cuanto como representantes políticos, reconozcan que es muy necesaria, demuestra que la cuestión no es tan sólo un problema de mayor o menor voluntad política. Es, como espero poder demostrar, una cuestión que viene determinada por la forma de gobierno y por la pérdida de respeto al valor de las instituciones que se ha producido en los últimos años.

Nuestra democracia parlamentaria tiene un fuerte componente presidencialista. Creo que esto nadie lo niega a estas alturas. Elegimos a nuestros representantes al Congreso y al Senado y, la Cámara Baja, en una muestra de buen parlamentarismo elige, mediante el debate de investidura, al Presidente del Gobierno. La investidura conlleva la confianza al Presidente y, por ello, la Constitución reserva al Parlamento la posibilidad de retirársela mediante la moción de censura.

Sin embargo, lo cierto es que la mayoría parlamentaria, organizada según la estructura de poder del partido mayoritario, se erige en una estructura de poder piramidal que hace que la forma en que se desarrolla el sistema sea en realidad una mera formalidad.

Lo verdaderamente relevante no es la fortaleza del Parlamento frente al Ejecutivo, sino si el partido más votado cuenta con los resortes necesarios para desplegar su estrategia política y acercarse a los partidos minoritarios que necesita para la estabilidad de su Gobierno.

A partir de aquí, todo el sistema queda trastocado. Las instituciones y los órganos que las componen pasan a formar parte de los recursos que unos y otros van a tener para desarrollar su estrategia política. ¡Y eso es lo malo! Que órganos que han de estar para garantizar la objetividad y el funcionamiento de los procedimientos entran desde el primer momento en el juego político.

La Presidencia y las Mesas de las Cámaras son órganos que se han de elegir y que deben desarrollar sus funciones en esa clave de imparcialidad y de respeto a la institución y el buen cumplimiento de los procedimientos mediante los cuales se desarrolla el debate político que antes señalaba.

Hace mucho tiempo que todos los partidos han visto que ocupar algún puesto en estos órganos es una oportunidad para reforzar su posición política (aquí quiero expresar mi alegría por la decisión del Grupo Socialista en esta Legislatura de ceder dos puestos de la Mesa a los grupos minoritarios, y mi decepción ante la contumaz decisión “acapáralo todo” del PP y no prestarse a estos acuerdos). Con ello, hace también mucho tiempo que se ha perdido el valor del consenso a la hora de elegir a las personas que van a ocupar esos puestos. ¡Éste es el gran problema!

Los Presidentes de las Cámaras difícilmente son hombres o mujeres de la institución, sino que, por el contrario, son personas de partido; y si por su idiosincrasia alguno no lo es, peor aún, puesto que pese a su voluntad de independencia se le ve y se le trata desde los otros grupos como tal.

Las Mesas que deben acompañar al Presidente/a en esa honrosa labor de dirigir, organizar y desarrollar el trabajo parlamentario se han convertido en órganos con representantes de los grupos parlamentarios (casi comisarios) que están muy atentos para garantizar que la ordenación del trabajo o la aprobación del orden del día se hace con beneficios para su estrategia parlamentaria.

Como siempre los resultados electorales dan para hacer valoraciones de parte con las que todos presentarnos felices y contentos, al menos de cara a la galería, como ganadores. Pero la realidad es que no todos han ganado y unos han perdido mucho más que otros.

Ha ganado el bipartidismo, puesto que de trescientos cincuenta diputados las dos grandes fuerzas políticas han obtenido trescientos veintidós. Además, ha quedado claro que ambas fuerzas tienen su electorado en zonas bien distintas: el PSOE se ha fortalecido en los territorios de la periferia de España (especialmente en el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), y el PP se consolida en el centro peninsular (Madrid, Castilla y León, mejora en Castilla La-Mancha, y, aunque no es el centro, Valencia y Murcia).

Ha perdido el nacionalismo radical y rupturista de la España constitucional. El retroceso de Esquerra es más que evidente, ha pasado de ocho a tres diputados, el PNV ha pasado de siete a seis diputados y, lo que es más significativo, ha perdido contundentemente en votos las elecciones en el País Vasco. También han quedado sin representación Eusko Alkartasuna (EA) y el nacionalismo andaluz, cuya representación ha desaparecido en las elecciones de Andalucía. Tampoco le ha ido muy bien a IU que se ha visto afectada por la concentración del voto en el PSOE, pero que no debe olvidar que algunas cosas ha hecho mal, por ejemplo, enviar mensajes confusos en las cuestiones territoriales (v.gr. como en el caso de Mondragón donde hasta hace unas horas gobernaban en coalición con ANV).

En consecuencia los resultados no son buenos para todos, y creo que tampoco son buenos para las estrategias maximalistas del PP y el PSOE, aunque tengo para mí que los resultados son muchísimo mejores para el PSOE. Lo son porque es el que más escaños y votos ha sacado y por lo tanto es quién va a gobernar, pero para lo que ahora me interesa, son mejores resultados porque sus votos están más repartidos a lo largo y ancho de toda España y hacen, nuevamente, al PSOE el partido que mejor cohesiona la Nación Española. No debemos de olvidar, como decía antes, que el PP gana en el centro de la península, pero ello no impide que el PSOE obtenga también el 40 % de los votos en esos territorios (v.gr. Madrid); mientras tanto, el PP en Cataluña y el País Vasco es una fuerza política casi irrelevante.

Con esta situación tengo la impresión de que se abren buenos tiempos para España. No la “España eterna” que ha predicado el PP durante los cuatro años pasados, ni la España confederal de los nacionalismos separatistas. Creo que serán buenos tiempos para la España plural que reconoce la autonomía y el autogobierno de nacionalidades o regiones desde la unidad de todos sus territorios. Una España que es capaz de reconocer las peculiaridades culturales, lingüísticas y sociales, que no tiene pretensiones de “uniformismos”, pero que al mismo tiempo sabe reconocer que vivir en un todo nos ha de llevar a no olvidar y tener muy presente la igualdad y la solidaridad, ya no sólo entre personas, sino también entre territorios.

Estoy convencido de que se presentan buenos tiempos para la España de la Constitución de 1978, la España que está perfilada en el artículo 2 de la Carta Magna y que durante mucho tiempo los extremos han intentado deformar mediante tirones y desgarros. Para ello, los dos grandes partidos se deben poner de acuerdo cuanto antes en cuestiones importantes: como restablecer, sin reproches, la unidad antiterrorista; elaborar un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas; una reforma en profundidad del régimen local, con especial atención a su sistema de financiación, para que la escasez de medios de los ayuntamientos deje de ser una excusa para dilapidar el suelo de sus municipios y planear desarrollos urbanísticos que hipotecan ya no sólo a los ciudadanos, sino también el futuro de esos pueblos.

Tampoco estaría de más llegar a acuerdos sobre el funcionamiento y la renovación de cargos en órganos institucionales (v.gr. Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y otros) y, a poder ser, sobre las reformas constitucionales que unos y otros planteamos y que por falta de tranquilidad y sosiego están pendientes (v.gr. Senado, Sucesión de la Corona, cuestiones electorales, etc.).

La IX Legislatura puede ser un tiempo para el diálogo y el acuerdo institucional. Desde luego estoy convencido que ese es el mensaje que los ciudadanos han enviado a los partidos políticos, en especial a los dos grandes partidos. Espero que los “pequeños intereses” de familias y de “terruños” no lo estropeen.

En Leganés se ha ganado una batalla, pero la guerra continúa. Los Tribunales han desmontado la gran mentira de los 400 asesinatos y han confirmado la dignidad profesional y humana de los sanitarios del Severo. Pero quienes planificaron y ejecutaron esta operación no tenían como objetivo enterrar al doctor Montes y compañía. No solo, al menos. La batalla del Severo ha sido un episodio más de la guerra por la privatización de la sanidad pública y contra el derecho a la muerte sin dolor.

La batalla de Leganés se ha librado fundamentalmente en el campo de la Justicia. La guerra en defensa de la sanidad pública y la guerra por consolidar el derecho a una muerte digna deberán librarse en el campo de la política y la sociedad. Y el próximo día 9 de marzo tendremos una oportunidad inmejorable para poner a cada cual en su sitio.

Los trabajadores del hospital de Leganés ya habían sido objeto con anterioridad de ataques en forma de denuncias anónimas, tan falaces como mal intencionadas. Jamás fueron atendidas. ¿Por qué el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid otorgó entonces credibilidad al libelo descabellado de los 400 asesinatos? La razón es evidente. El desprestigio de un gran hospital público de referencia como el Severo Ochoa funcionó como coartada en la decisión de poner en marcha todos los nuevos hospitales de Madrid mediante empresas privadas. Generar esta crisis en el sur metropolitano de la región proporcionó además dos millones de nuevos clientes potenciales para el nuevo hospital privado que una conocida empresa inauguró precisamente por allí en aquellos días. Con la presidenta de madrina de honor, por supuesto.

Pero Montes y compañía no eran, no son, unos trabajadores más de la sanidad pública madrileña. Los profesionales del Severo constituían, constituyen, una referencia en Madrid y en España en la aplicación de tratamientos paliativos. Los pacientes de Leganés contaron durante años con el privilegio de ser atendidos por sanitarios sensibles y eficaces, que ayudaban a afrontar los últimos días sin el castigo del dolor terrible y estéril. Y alguien decidió dar un escarmiento. Los partidarios de legislar con la fe (con su fe) y de aplicar la ley con sangre decidieron hacer escarnio de un puñado de inocentes. Con sus púlpitos, sus ondas y sus libelos les tacharon de asesinos, de nazis, de “doctor muerte”. Había que frenar esa ola creciente de simpatía hacia los garantes del derecho a la muerte sin dolor.

Insisto. Esta batalla se ganó. Pero seguimos librando la guerra. Defender la sanidad pública es defender nuestro derecho a ser atendidos con calidad y con igualdad. Defender la agonía sin dolor es defender nuestro derecho a morir con dignidad, a morir como nos de la gana. Diga lo que diga su catecismo.

Y el mejor arma en esta guerra está en el voto. Hagamos uso del voto el 9 de marzo.

La Universidad española se encuentra en un momento decisivo de adaptación a un proceso de modernización iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, para la construcción del denominado Espacio Europeo de Educación Superior. Dentro de este contexto, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases de este proceso de adaptación, introduciendo, entre otras novedades, una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales, regulación que  es completada, a su vez, por el Real Decreto 1393/2997, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Pero estar a la altura de este proceso de convergencia europea de nuestras universidades, no es el único reto ante el que debe mostrar, la máxima institución académica, su capacidad de adaptación a la Europa del presente. Como institución pública, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, le encomienda "...fomentar la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres" (art. 25.1) y promover "la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres", así como la "creación de posgrados específicos" y la "realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia" (art 25.2). 

Por otro lado, la evaluación de las propuestas de títulos  deberán ser verificadas, en nuestro país, por el Consejo  de Universidades, siendo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y  Acreditación (ANECA) la encargada de establecer los protocolos de verificación y acreditación de  los mismos y elaborar el informe de evaluación. La ANECA, según este requerimiento, establece los protocolos necesarios para  este proceso de evaluación y  verificación de los planes de estudios, según  un conjunto de criterios y directrices de calidad (http://www.aneca.es/active/docs/UPR_Protocolo%20y%20Plantilla%20Version%20CU_V4_GRADO_071203.pdf ) entre los que se encuentra la inclusión en todos los planes de estudios en que proceda de  materias relativas a  la igualdad  entre hombres y mujeres,  igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad  y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 

Dicho de otra manera, la Universidad, como institución pública, como agente promotor de cambio social que es, deberá adaptar sus nuevos títulos cumpliendo la normativa vigente en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, pero no sólo "por imperativo legal" sino consciente de estar asumiendo su corresponsabilidad en la consecución de la igualdad material por la que tanto se ha trabajado en la presente legislatura y que ha dado ya algunos frutos notables. Habrá que estar atentos y dispuestos a exigir, como miembros de la comunidad académica, el cumplimiento pleno de la normativa vigente en materia de igualdad.

Las elecciones y los procedimientos electorales no son un fin en si mismos, sino un medio para la provisión de los puestos políticos en las democracias representativas. Son un instrumento, pero un instrumento indisolublemente unido a la democracia y la forma que tiene de desarrollarse en la comunidad política. Por ello, todo sistema político representativo debe buscar el sistema electoral que mejor se adapta a sus necesidades, de tal suerte, que no hay buen sistema político con un mal sistema electoral, o a la inversa.

Esa indisoluble unidad entre la forma de presentarse la democracia y el sistema electoral se ha producido con especial fuerza en nuestro país, donde el sistema electoral, y en especial el del Congreso de los Diputados, ha sido pieza fundamental para asegurar dos cuestiones que preocupaban sobremanera en nuestra Transición: la consolidación de la democracia representativa, fortaleciendo a los partidos políticos, y la garantía de que las elecciones ofrecieran mayorías suficientes para constituir gobiernos estables.

Si estudiamos con detenimiento los resultados electorales en estos treinta años podemos concluir rápidamente que los objetivos fijados para nuestro sistema electoral se han cumplido sobradamente: tenemos un sistema electoral –en el Congreso de los Diputados- proporcional con algunas correcciones que refleja la pluralidad social de nuestro país y que, al mismo tiempo, ha servido para el fortalecimiento institucional de los partidos políticos. Por otro lado, los resultados electorales no fraccionan en exceso la representación y con ello se consigue con relativa facilidad conformar gobiernos estables, de tal manera que en estos años las mociones de censuras que hayan prosperado son inexistentes y las convocatorias de elecciones anticipadas (¡de verdad!) nulas.

Luego tenemos un sistema electoral que ha funcionado adecuadamente para los objetivos marcados a mediados de los años setenta; ahora bien, después de tres décadas es obvio que han surgido problemas nuevos y, quizás, han aflorado otros que entonces no eran relevantes (v.gr. la “sangría” de votos que se producen en las candidaturas de carácter estatal por culpa de la fragmentación del territorio electoral en circunscripciones; la sobrerrepresentación de las candidaturas de carácter nacionalista que concentran sus votos en pocas circunscripciones, o el voto de los españoles en el extranjero y de los extranjeros residentes en España). Como decía, nuevas cuestiones para nuestro sistema electoral que ha de afrontar para su mejora pero que no lo ponen en cuestión.

La propuesta de crear una “circunscripción del exterior” que presentamos los socialistas en el programa para las elecciones de 2008 plantea una de esa cuestiones no resueltas, o mal resueltas en nuestra legislación electoral. Cómo se hace efectivo el derecho de voto de los españoles que viven en el extranjero y que de acuerdo con el artículo 68.5 de la CE son electores y elegibles en todas las elecciones de manera que la ley debe reconocer ese derecho y el Estado facilitar el ejercicio de sufragio de esas personas.

Hasta ahora el sistema electoral para los españoles residentes en el extranjero se ha organizado mediante la confección del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) y un procedimiento de votación establecido en el artículo 75 de la LOREG muy similar al voto por correo. Cómo es fácil de deducir, la confección del CERA y, sobre todo, su actualización para que se corresponda con las personas que realmente tienen en cada proceso electoral derecho al voto ha sido una cuestión compleja que ha requerido de no pocas modificaciones y mejoras (quizás una de las más importante fue que se estableciese la obligatoriedad de que el CERA debía actualizarse mes a mes). Pero sin duda, la cuestión que más problemas ha generado y que despierta un clamor más fuerte es el sistema de emisión del voto. La reivindicación es que se pueda emitir el voto, como el resto de los españoles, en urna. En este sentido la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, establece en el artículo 4 que se promoverán las medidas legales tendentes a homogeneizar los procedimientos electorales para la ciudadanía española en el exterior y se habilitarán los medios materiales, técnicos y humanos precisos que posibiliten la votación en urna, o a través de otro medio técnico que garantice el secreto del voto y la identidad del votante en las elecciones generales, europeas y autonómicas en las demarcaciones consulares, teniendo en cuenta la característica de los países de residencia y el número y distribución de españoles residentes en el país de que se trate.

La circunscripción del exterior es la mejor solución para poder cumplir el mandato de la Ley 40/2006 de la ciudadanía española en el exterior, además de simplificar y dar seguridad y fiabilidad al procedimiento electoral en el extranjero. El voto en urna en la situación actual es obviamente complicado, no debemos de olvidar que los electores en el extranjero están censados en cualquiera de las cincuenta y dos circunscripciones del Estado y abrir urnas en todos los Consulados y Embajadas para ello sería arto difícil. Pero sobre todo, sería la mejor manera de simplificar el sistema electoral y la mejor manera para garantizar que todo el procedimiento está en manos de la administración electoral española. Ahora el voto por correo desde del exterior pone parte del proceso en los sistemas de correos de cada uno de los países y con ello se pierde la capacidad de supervisión y control de nuestra administración.

Es cierto que la Constitución española dice en el artículo 68.2 que la circunscripción electoral es la provincia, pero como ya he señalado antes, también es cierto que el artículo 68.5 reconoce a los españoles en el extranjero que tienen derecho al sufragio activo o pasivo. Luego creo que este asunto debemos tratarlo como se han tratado los temas electorales hasta la fecha en nuestro país. Con tranquilidad, con espíritu de consenso y con vocación de llegar a los acuerdos que nos acerquen a solucionar los problemas que nuestro sistema electoral nos plantea.

Creo que nadie duda de que este asunto requiere de una solución mejor que la que hasta ahora se le ha dado, donde no han faltado irregularidades y fraudes, y puesto que hay otro asuntos electorales que tratar, lo lógico es que nos planteemos en ese marco la vía de la circunscripción del exterior como una forma para su solución. Los socialistas, como siempre abriendo caminos para la democracia y la participación de los ciudadanos, otros poniendo “pegas” y que queriendo que todo siga cuanto más oscuro mejor. ¿Llevarán algo envuelto?

Escrito por Elviro Aranda Álvarez   

Las políticas de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres ha sido una constante en las decisiones del gobierno socialista en la VIII Legislatura. Desde el punto de vista electoral lo más significativo es la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece medidas para garantizar una presencia equilibrada de ambos sexos en las listas electorales.

El nuevo artículo 45 bis de la LOREG, que ha introducido la Ley 3/2007 de igualdad, establece que las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Además, y para evitar que se releguen a las mujeres a los últimos puestos, dicho porcentaje se ha de mantener en cada tramo de cinco puestos. Para el Senado, también se establece esta medida, pero como el sistema electoral es abierto y desbloqueado se dice que cuando las candidaturas se agrupen en listas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico.

La discriminación que sufre la mujer es un mal “endémico” de casi todas las sociedades y culturas, inaceptable en un régimen político que tiene como centro de su existencia la dignidad, la libertad e igualdad de todas las personas. La democracia no es nada sin el reconocimiento de una ciudadanía participativa de todos y todas los que forman la comunidad política. Pero durante mucho tiempo, aunque formalmente la universalidad política estaba reconocida, en la práctica la vida pública y las funciones representativas quedaban vedadas a las mujeres y se convertían en un “coto” de los hombres.

En estos últimos años las/os socialistas hemos desplegado una gran campaña para desvelar que la mitad de la población -las mujeres- estaban fuera de la política y que para superar esta injusticia debíamos poner en marcha acciones positivas que garantizasen que ellas también están en los parlamentos y el resto de instituciones públicas. Hemos avanzado mucho en concienciación social, pero quedaba por llevar las medidas al BOE para una transformación más profunda.

El nuevo artículo 44 bis de la LOREG es la garantía legal de que la igualdad y la lucha contra la no discriminación que establecen los artículos 14 y 9.2 de la CE se cumplen en los órganos de representación política (Cortes Generales, Parlamentos Autónomos y Plenos municipales), no es tan sólo la culminación de un compromiso político de los socialista, ¡que lo es!, es el cumplimiento de un mandato constitucional que no acepta ninguna discriminación, y menos en la vida pública representativa que ha de ser el mejor “escaparate” de lo que es nuestra sociedad.

Ahora que estamos en proceso de confección de listas para el Congreso de los Diputados y el Senado lo que toca es estar muy atentos a que todos los partidos cumplen la ley. De no hacerlo, evidentemente habrá que exigirles que lo hagan, pero sobre todo deben ser los ciudadanos los que conozcan el comportamiento de cada uno de ellos y los que deben reprobarlos negándoles su voto por ese mal actuar con las mujeres, con el Estado de Derecho y la Constitución.

Escrito por Elviro Aranda   

Escrito por Elviro Aranda