Despenalizar el aborto

Han pasado 25 años desde que aprobamos la vigente regulación legal del aborto. En aquellos momentos se produjo un fuerte debate social sobre la conveniencia de su despenalización parcial. En ese tiempo, pese a la resistencia contumaz de la Iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad, llegamos a un acuerdo mayoritario en la calle y el Parlamento para que con el aborto no ganara la hipocresía de los que lo niegan pero ponen remedio a sus embarazos no deseados fuera de España, ni la catástrofe que se cierne sobre las mujeres sin recursos ni libertad ante un acontecimiento que marcará su vida.

El sistema de indicaciones que ha funcionado durante estos años, y que el Tribunal Constitucional avaló con la Sentencia 53/1985, supuso la despenalización el aborto en tres supuestos: aborto terapéutico, para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; aborto ético, cuando el embarazo es consecuencia de un delito de violación; y aborto eugenésico, cuando se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas. Un sistema que, pese a la buena voluntad del legislador, ha presentado durante todos estos años sonoros fallos: profesionales que tenían que acabar interpretando la norma, en unos casos extensivamente, y con ello desbordando las previsiones del Código Penal; en otros, restrictivamente, y con ello dejando a la mujer que tiene que reaccionar ante un embarazo en poco tiempo en una situación de gran incertidumbre.

Ante estos problemas, la doctrina científica jurídica y médica más autorizada ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de abordar el asunto es mediante una ley de plazos. El sistema de plazos es la solución que mejor se ajusta a la visión del aborto como un conflicto de derechos y más se aleja de los enfoques morales extremos:
Por un lado, está la posición moral de la Iglesia católica y los seguidores de sus postulados, que entienden que la vida es un valor supremo que se inicia desde la fecundación y que abortar, por tanto, supone una atentado a la vida humana en sus momentos iniciales, y por ello debe ser perseguido y sancionado penalmente.

Por otro, están aquellos sectores que entienden el aborto voluntario como un derecho de la mujer en el disfrute de su sexualidad y a poder decidir sobre el momento de la maternidad sin ningún límite. El aborto se entiende como parte de la libertad y autodeterminación de la mujer: “Nosotras parimos, nosotras
decidimos”.

La posición intermedia es la que ve el aborto como un conflicto de derechos e intereses. Es una tesis que supera las dos tesis morales antes planteadas: por un lado, está el valor e interés jurídico del no nacido que, aunque no es persona, es un proyecto de vida que debe interesar al Derecho; por otro, están los derechos de libertad, dignidad, circunstancias sociales y personales de la mujer que se ve afectada por un embarazo no deseado y que, evidentemente, va a condicionar su vida futura.

El sistema de plazos parte de la idea de que la vida prenatal se desarrolla en tres grandes fases: primera, la embrionaria, que se estima que da comienzo unos 14 días después de la fecundación, es el momento en el que se produce la anidación o implantación del óvulo fecundado en el útero materno y que transcurre durante los tres primeros meses de
embarazo.

Segunda, la fetal, que es cuando ese nuevo ser comienza a presentar signos vitales, latidos del corazón, signo de actividad cerebral y desarrollo del resto de los órganos y que transcurre durante los tres meses siguientes. Tercera, la etapa postparto, en la que el feto ya está en condiciones de poder vivir autónomamente y su maduración es tan alta que en algunos alumbramientos prematuros es factible mantenerlo con vida y garantizar su desarrollo normal.
Por ello, el sistema de plazos supone la despenalización de todo aborto consentido e informado practicado durante los tres primeros meses de gestación (fase embrionaria). La razón es que durante esa fase, la nueva vida está poco desarrollada y el aborto resulta menos peligroso para la vida y la integridad de la madre.

Puesto que la vida es un proceso progresivo, esa vida en formación, en un estadio tan inicial, sería menos relevante jurídicamente hablando que los derechos de libertad y dignidad de la mujer que entran en conflicto con ella.
A partir de la décimosegunda semana debe valorarse el mayor desarrollo de esa nueva vida, y sólo podría producirse el aborto en supuestos muy concretos: detección de graves problemas en el feto que hacen cuestionable su vida o que se desarrolle con graves limitaciones, o peligro físico para la madre de seguir con el embarazo. En estos supuestos, es muy importante que el Legislador establezca las condiciones de forma muy cuidadosa para que la generalidad de la norma no de lugar a nuevos casos de incertidumbre que lleven a mujeres y profesionales a situaciones de inseguridad o fraude legal.
Y si esto es así, y la doctrina más autorizada de nuestro sector científico jurídico y médico lo han dicho, la pregunta es ¿cómo es posible que un órgano consultivo como es el Consejo General del Poder Judicial no emita informe alguno? Sencillamente porque nuevamente han primado las convicciones morales sobre los criterios técnicos.

Elviro Aranda

CULMINAR EL MODELO AUTONÓMICO

¿Merece la pena reformar la Constitución? Sí, si se trata de mejorar las reglas del juego que aseguran la convivencia. ¿Qué reforma resulta más urgente? Sin duda alguna, la culminación de nuestro modelo de organización territorial del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de garantizar el cumplimiento de los principios de unidad, solidaridad e igualdad que establece la propia Carta Magna para el Estado de las Autonomías.

La Constitución (CE) no impone una estructura territorial determinada; tan solo posibilita un modelo descentralizado a partir de los principios previstos en el artículo 2 y en el Título VIII. El vigente Estado de las Autonomías es fruto de un doble proceso político: El proceso constituyente que se cerró en 1978 y el proceso estatuyente que se mantiene abierto treinta años después. Las reformas estatutarias, las delegaciones o transferencias competenciales y los sucesivos marcos de financiación autonómica marcan el carácter indefinidamente abierto del sistema.

Esta es la paradoja. La disposición constitucional abierta y flexible que durante la primera etapa constitucional contribuyó a conformar una nueva organización territorial, resolviendo un conflicto histórico, se ha convertido en un problema para nuestro tiempo. Las comunidades autónomas requieren más y más competencias, más y más recursos, mientras los escasos instrumentos con que cuenta el Estado para cumplir sus funciones y garantizar el marco igualitario presentan serias dificultades de funcionamiento. Los riesgos jurídicos, políticos y sociales que refleja esta situación son evidentes y merecen ser objeto de una reflexión colectiva.

Los problemas que obstaculizan hoy la culminación del sistema autonómico son múltiples y diversos. Citemos los siete más importantes desde nuestro punto de vista. (1) La deficiente definición de las competencias exclusivas del Estado planteadas en el artículo 149.1 de la CE que constituye una fuente permanente de conflictos interpretativos, mal resueltos generalmente en sede judicial. Además (2), la propia Constitución establece una “cláusula de adelgazamiento permanente” del Estado con los procedimientos de transferencia y delegación del 150.2, sin que en sitio alguno figuren límites para esta fórmula. El problema se agrava cuando estos instrumentos se utilizan en un marco político en el que algunos partidos nacionalistas resultan determinantes para conformar mayorías en las Cortes Generales.

Frente a esa “apertura” para las Comunidades Autónomas, los preceptos a partir de los cuales el Estado podría reclamar respeto para las competencias propias y juicio para las gestionadas por las Autonomías, resultan de muy difícil aplicación práctica. (3) Las leyes de armonización del 150.3 de la CE quedaron inutilizadas por la doctrina restrictiva del Tribunal Constitucional (TC); y (4) la desautorización para las Comunidades “insumisa” que prevé el 155 conlleva una carga política prácticamente inasumible. Por otra parte (5), la plasmación en la realidad de los procedimientos de cooperación y colaboración de las Comunidades entre sí –artículo 145 de la CE- y con el Estado –léase Conferencias Sectoriales, por ejemplo- reflejan en demasiados casos una ineficiencia frustrante.

Carecemos también (6) de una institución multilateral en la que debatir y buscar soluciones a los problemas de encaje cotidiano en un Estado complejo: un Senado como auténtica Cámara de representación territorial. A lo que debemos añadir que aproximadamente cada lustro, por si fuera poco (7), se abre la negociación para acordar las finanzas de las Autonomías y, con ello, la reinvención de todo el sistema en clave coyuntural: se reinventan los principios de la financiación, se reinventan los criterios de distribución de fondos, se reinventan los fondos equilibradores…

 

¿Cómo superar estas dificultades en un proceso de culminación del sistema autonómico? Antes que nada, no olvidando los propios principios constitucionales. Primero la indisoluble relación entre la unidad y el derecho de autonomía. El TC ha sentenciado que “autonomía no es soberanía”, y que una organización autónoma, por definición, ha de estar integrada en otro ente superior. Segundo, la solidaridad, que exige a todos los poderes públicos una actuación donde los intereses parciales se complementen y no se contrapongan. Y tercero, la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan, sin que puedan darse situaciones de privilegio entre Comunidades Autónomas.

En este contexto, la eventual reforma constitucional debiera atender a tres grandes objetivos. En primer lugar, el establecimiento de límites a la apertura del sistema. Cabe clarificar taxativamente las competencias exclusivas del Estado en el artículo 149, más allá de las confusas clasificaciones que ha establecido la Justicia entre atribuciones materiales y funcionales, o entre bases y legislación básica. Obligado resulta suprimir la cláusula de “reforma constitucional permanente” que aparece en el 150.2 con las leyes de transferencia o delegación. Una alternativa aceptable sería establecer, como señala el Consejo de Estado, qué materias son indelegables por ser inherentes a la soberanía o a la capacidad del Gobierno para su funcionamiento correcto.

En segundo lugar, el fortalecimiento de la cooperación, la colaboración y la coordinación. Estamos ante una de las cuestiones menos desarrolladas de nuestro Estado de las Autonomías. Lo cual ofrece una lectura clara sobre su decantación durante los últimos treinta años. El TC ha señalado que el principio de cooperación y colaboración debe traducirse en un deber general, voluntario y recíproco de comportarse con arreglo a criterios de buena fe, lealtad al sistema y “auxilio administrativo”. Ahora bien, tal principio debe complementarse con la coordinación, y esta no es posible si no se atribuye título competencial y poder de dirección a quien tiene la misión de coordinar. Sería precisa, por tanto, una redacción más concreta y firme en la CE para alcanzar estas metas.

En este apartado cabe establecer la muy reivindicada reforma del Senado, como institución responsable de hacer efectivo el espacio de discusión multilateral y de resolución de conflictos territoriales. La Cámara Alta está llamada a ser la “piedra angular” que cierra las reformas señaladas, tendentes a la clarificación de competencias y el fortalecimiento de espacios de colaboración y cooperación. En la reforma del Senado habrá que plantear, entre otras cuestiones, la elección de sus miembros al tiempo que los parlamentarios autonómicos, y la tramitación en primera lectura de los proyectos legislativos relacionados con el funcionamiento de la organización territorial.

 

En tercer lugar, la consecución de un sistema de financiación suficiente, corresponsable, general, estable y transparente. La experiencia de negociaciones tan densas como conflictivas a propósito del periódico reparto territorial de los fondos públicos, con un déficit muy considerable de comprensión pública, invita a una redacción constitucional que vaya más allá de la mera enunciación de grandes principios en el artículo 156. El vigente modelo de financiación abierto, siempre pendiente del juego de los pulsos de poder, debería dar paso a un modelo con los perfiles básicos establecidos constitucionalmente: el grado de corresponsabilidad fiscal –porcentaje de participación territorial en los impuestos principales-; los criterios de distribución de gasto para asegurar la financiación de servicios básicos –como la población, el perfil demográfico, la dispersión o insularidad…-; así como la naturaleza de los Fondos de Nivelación y Suficiencia que han de garantizar la solidaridad, la cohesión y la igualdad.

Resultará muy difícil llevar a la práctica estos propósitos. Pero esta realidad no resta un ápice de verdad a otra constatación: la reforma constitucional es necesaria para culminar el sistema autonómico y configurar definitivamente un Estado descentralizado, complejo, funcional y garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que el propio texto fundamental reconoce a todos los españoles. También es cierto que la mayoría necesaria para afrontar el cambio es muy notable. Pero no lo es menos que más del ochenta por ciento de quienes ostentamos la representación ciudadana en las Cortes Generales compartimos buena parte de lo que aquí se ha intentado exponer.

Elviro Aranda 

POLÍTICA SOCIALDEMÓCRATA PARA MADRID

¿Se acuerdan de aquellos que al inicio de los 90 declaraban la victoria sin paliativos del capitalismo? Muchos de ello, con la colaboración inestimable de gobiernos conservadores como el de Esperanza Aguirre, han estado durante todo este tiempo haciendo grandes fortunas y son los que ahora reclaman la intervención del Estado en el sistema financiero para salvar sus negocios. Los mismos que dicen estar muy preocupados por la situación, ¡pero para su interior lo están bien poco!

La preocupación y la incertidumbre quién realmente la tienen son muchas personas de bien que observan como la codicia de unos pocos y la pasividad cómplice de otros tantos ponen en peligro sus puestos de trabajo, su forma de vida y el acceso a los servicios públicos más esenciales.

Estamos ante una enorme injusticia que nos indigna a muchos y que viendo como están transcurriendo los acontecimientos nos podría llevar al abandono y la inacción. ¡No creo que sea lo más inteligente! Debemos recordar que la historia de la humanidad siempre se ha construido aprendiendo de los errores. Por ello, el momento actual debe ofrecernos la oportunidad para corregir los desequilibrios en el que nos han metido los neoconservadores de todos los rincones del planeta y, a ser posible, pedirles responsabilidad política cuando proceda.

Los socialistas madrileños debemos ser muy conscientes de este nuevo escenario. Tenemos que ser capaces de visualizar un proyecto político que, desde las esencias que siempre han guiado a la socialdemocracia: la búsqueda de la libertad en igualdad y solidaridad, esté abierto a la internacionalización, la globalización y los nuevos procesos productivos sustentados en la información, la tecnología, la ciencia y la cultura. Madrid reúne las condiciones para ser una región líder en Europa y el Mundo: la densidad de universidades, los centros tecnológicos y la formación y cualificación de nuestra región y sus gentes nos deben hacer ser optimistas ante el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad y, por lo tanto, la capacidad para salir de la crisis.

Para ello, necesitamos políticas que rompa con el neoconservadurismo instalado en nuestra Comunidad y que como en muchas partes del planeta está produciendo graves desequilibrios entre ricos y pobres, entre los que tienen una renta garantizada y pueden acceder a los servicios públicos semiprivatizados y los que por haber perdido su puesto de trabajo o no haber accedido aún al mercado laboral tienen que conformarse con servicios residuales colapsados y cada día menos dotados de medios y recursos.

Hoy podemos decir más que nunca que Esperanza Aguirre y sus políticas ultraliberales han pasado de moda y los seguidores de ese modelo han fracasado estrepitosamente por todo el mundo. Nuestra Comunidad Autónoma tiene capital humano y recursos suficientes para ser líder en el mundo pero la desastrosa política privatizadora, seguida de un endeudamiento cada día más exagerado, nos restan posibilidades para ser motor económico, social y cultural en España y Europa. Por ello, los socialistas madrileños debemos liderar socialmente el cambio político que Madrid necesita. Para ello, son prioritarias propuestas inteligentes que desde la claridad y los valores que siempre nos han acompañado a los socialistas reconcilie a la ciudadanía con la política y la gestión compartida de lo público. Justamente lo contrario que están haciendo los líderes del PP madrileño, más interesados en poner los servicios públicos tradicionales en manos privadas y generar inestabilidad en instituciones financieras de referencia en Madrid con la única finalidad de conseguir aumentar su cuota de poder y olvidando la función social que han de producir.

Elviro Aranda Álvarez 

EL PELIGRO DE ADELANTAR LA POSICIÓN DE VOTO EN EL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS MADRILEÑOS

EL PELIGRO DE ADELANTAR LA POSICIÓN DE VOTO EN EL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS MADRILEÑOS

 

 

            El Presidente del Gobierno junto con los lideres del Partido en las distintas Comunidades Autónomas decidieron hace un par de semanas que los socialistas no vamos a votar en contra de la ley de presupuestos de Comunidad o Municipio alguno. El argumento para tomar esta decisión es sencillo y bien intencionado: España, como el resto del mundo, está viviendo la crisis más grave que se ha dado desde hace muchas décadas. Hasta ahora la crisis es, fundamentalmente, financiera, pero de no resolverse pronto corremos el riesgo de que se contamine la economía productiva y la situación podría llegar a ser impredecible. En esta situación, las Administraciones Públicas deben ponerse al frente y, además de ayudar a los sectores más necesitados y procurar corregir los problemas de liquidez del mercado del dinero, deben enviar un mensaje de unidad, austeridad y rigor en las cuentas para que los ciudadanos entiendan  que es lo que toca en esta situación tan complicada.

            Hasta aquí todo perfecto. Está claro que nos estamos jugando el futuro de todos por culpa de algunos ambiciosos sin límite y el descuido de los que soñaron con la capacidad de autocontrol del mercado. Pero no es cuestión de pasar cuentas ahora, aunque ¡habrá que pedirlas en algún momento! Es el momento de reaccionar para solucionar la situación. Para ello, qué mejor que todos –la política, los empresarios, los sindicatos, las finanzas- nos presentemos unidos y apoyemos a quien debe tomar las decisiones políticas y económicas del Estado.

 

Sin embargo, creo que tampoco debemos perder de vista el importantísimo valor que tiene el trámite de la Ley de Presupuestos y la misión que ha de jugar la oposición en la Comunidad de Madrid donde tan grande es la confrontación ideológica entre izquierda y derecha.

 

            La Ley de Presupuestos es la norma más importante que tramita la Asamblea de Madrid a lo largo de todo el año. En ella, la mayoría que sustenta al Gobierno del PP define la política de gastos e ingresos para el próximo ejercicio, de manera que en ese orden de gastos e ingresos va implícito el proyecto político de doña Esperanza Aguirre y la parte del programa electoral que entiende se debe ejecutar en el ejercicio.

También es el momento para que la oposición presente sus alternativas. La oposición, si es “como Dios manda”, debe tener un “gobierno en la sombra” y tiene que aprovechar la oportunidad de la tramitación y el debate presupuestario, no sólo para criticar lo que el Gobierno pretenda hacer, sino para ofrecer un proyecto alternativo a los ciudadanos. De esta manera es como los votantes tiene la oportunidad de ir conformando su voto con el criterio de la mayor o menor solvencia que unos y otros les ofrecen.

            La oposición tiene que ser opción de gobierno y para ello no basta con ocupar los escaños que están en frente de la mayoría parlamentaria, se tiene que construir con rigor una alternativa capaz de suscitar la simpatía y la confianza de los ciudadanos. Por eso, no creo que la oposición pueda dar “cheques en blanco” al Gobierno y su mayoría, Y mucho menos cuando se hace antes de que ese gobierno nos haya presentado lo que pretende hacer en el próximo año. De ser así, pueden suceder al menos, tres cosas:

 

Primero, que se pierde fuerza en el discurso, puesto que ya antes de empezar a debatir la Ley más ideológica del año se ha renunciado a posicionarse en contra.

           

Segundo, que se da manos libres al Gobierno para que sin recato alguno presente los presupuestos que más le plazca. ¿Cómo se va a moderar en su programa de máximos o va aceptar enmiendas de la oposición un Gobierno que sabe que le digan lo que le digan no le van a votar en contra?

 

Tercero, que en aquellos municipios donde un partido distinto al socialista gobierne en minoría estará tentado a no llegar a acuerdos con otros grupos si de entrada sabe que podrá sacar la ley presupuestaria adelante con el voto positivo o la abstención del Grupo Socialista.

 

Finalmente, pero no menos importante, los socialista por responsabilidad en momentos difíciles vamos a estar con quien gobierne en las distintas administraciones. Ahora bien, si puesto que el PP sabe antes de iniciarse el proceso de debate presupuestario que no va a tener oposición, decide estrangular económicamente la Universidad, privatizar no solo los nuevos hospitales sino también los viejos, seguir con sus proyecto de venta del Canal de Isabel II, no invertir en la escuela pública e incrementar la financiación de los centros privados subvencionados, aumentar los impuestos a los madrileños y no afrontar la defensa de la biodiversidad madrileña dando rienda suelta a los especuladores en los aledaños de nuestros parques naturales ¿también tenemos que dar nuestro voto favorable o abstenernos? Y de ser así, y agravarse mucho más la situación de la Comunidad Autónoma dentro de un año ¿quién será entonces responsable?

 

 

                                                                       Elviro Aranda Álvarez

Diputado. Portavoz Adjunto Comisión Constitucional

AHORA, A POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Los ataques que están recibiendo los servicios públicos esenciales en Madrid con los Gobiernos de la Sra. Aguirre han encendido todas las luces rojas hace ya mucho tiempo.

En la política de las Sra. Aguirre es todo un escándalo que no se haga nada para crear un potente parque de escuelas infantiles teniendo en cuenta el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo; no menos preocupante es el sistemático abandono de la educación básica obligatoria en los centros privados que viven de los conciertos con la Comunidad Autónoma y que muchos de ellos, por debajo, seleccionan a los alumnos y proyectan éticas privadas y desconocen los valores constitucionales; y que decir, de la locura de los “mil y un inventos” de gestión privada para entregar el servicio público sanitario de Madrid a las empresas privadas, muchas de ellas sin ni tan siquiera experiencia en el sector sanitario.

Todo ello, sería más que suficiente para que la sociedad madrileña y, en especial, los partidos políticos de izquierdas definieran una línea de actuación clara, que abandonen las posiciones erráticas de algunos, y nos comprometa a todos con la gestión pública de dichos servicios. No deberíamos olvidar que durante muchos años éstos han garantizado la universalización de derechos sociales que costaron décadas para su conquista (educación, sanidad, servicios asistenciales, pensiones, etc).

Lo que está sucediendo en estos días con la financiación de la universidad pública madrileña es más de lo mismo, pero agravado. Me explico:

Casi de un día para otro, aunque la operación ya estaba preparada hace tiempo, y por lo tanto con escaso margen de maniobra para las universidades, la Comunidad de Madrid ha comunicado a los rectores que dirigen seis centros y tienen matriculados a mas de 276.000 alumnos, que con efectos 30 de septiembre se recorta el 30% la transferencia para gastos corrientes. Es decir, la partida que va al pago del profesorado y el resto del personal. Un recorte que supone que las universidades públicas van a recibir 108 millones de euros menos tan sólo de octubre a diciembre de 2008. Cómo la cosa supone estrangular los pagos de personal la solución de la Comunidad es bien simple: vayan a los bancos y pidan dinero prestado.

A nadie se le escapa que la situación es más que preocupante, no debemos de olvidar que las universidades se financian en más del 80% de la transferencia pública y que sólo el 15% llega de los ingresos por tasas académicas y menos del 5% por otros conceptos. Tampoco hay que olvidar que ese espectacular recorte, además de incumplir la obligación de financiación que la Consejería de Educación tiene con la Universidad, supone el incumplimiento del Contrato Programa (2006-2010) suscrito entre la Consejería y las universidades.

Pero la cosa no queda ahí. La Comunidad de Madrid ha dicho que también tiene intención de reducir las subvenciones dirigidas a inversiones para las universidades entre un 50 y un 60% ¡si he dicho bien, entre un 50 y un 60 %, no me he equivocado!

Además, todos estos recortes se producen al inicio del curso 2008-2009 en pleno proceso de implementación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que según el Consejo de Universidades, va a requerir una inversión en enseñanza superior en España de una décima del PIB respecto de lo que se invierte ahora; es decir, que hemos de pasar del 1,22 al 1,32 del PIB (que si no estoy equivocado es algo más de mil millones de euros).

Madrid es la Comunidad Autónoma de España donde la universidad tiene más y mejor implantación. El 20% de los estudiantes universitarios de nuestro país están en Madrid y sus universidades. Como decía, eso supone que tenemos más de 270.000 alumnos. Unido a ese gran desarrollo universitario, Madrid es una de las Comunidades con mayor capacidad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el país. A nadie se le escapa que entre los centros de investigación e innovación de carácter universitario y otros organismos públicos (OPI´s) Madrid es líder en I+D+i en España.

La investigación, el desarrollo y la innovación en tiempos de crisis en los sectores productivos tradicionales deben ser la clave para salir del bache en el que nos encontramos. Este es un argumento tan claro y tan evidente que todo el mundo lo reconoce: en la “vieja Europa”, que es donde nosotros estamos, el valor añadido con el que contamos ante la crisis y las sociedades emergentes es el conocimiento y la capacidad de innovar que dicho conocimiento produce (así lo establece la Estrategia de Lisboa). Si Madrid está, y puede seguir, a la cabeza de España en Ciencia e Investigación ligada a sus potentes universidades públicas ¿qué sentido tiene darle este golpe de muerte al sector más estratégico de nuestra Comunidad Autónoma? ¿No tendrá algo que ver que en Madrid también hay ocho universidades privadas y sin embargo no cuentan con más de 34.000 alumnos de los 276.330 que hay en la Comunidad? Esperen unos años para comprobar los resultados de esta situación de estrangulamiento financiero de la universidad pública y verán como se multiplican los alumnos en las privadas ¡Al tiempo!

Frente a este modelo que deteriora poco a poco lo público estrangulándolo económicamente para que la oferta privada compita con ventaja, está la apuesta del Gobierno de Zapatero que lleva casi cinco años en un proceso de modernización de la universidad pública con aumentos del presupuesto cada ejercicio cerca del 10 % (para el 2009, pese a la crisis un 8%). Este año se ha puesto en marcha la “Estrategia Universidad 2015” encaminada a la renovación y modernización de la universidad española mediante la promoción de la excelencia docente y científica y su internacionalización. Para ello, se apuesta por la financiación de grandes concentraciones universitarias, el desarrollo científico, la actualización del profesorado y el investigador y el aumento sustancial de las becas y los “préstamos renta” para estudiar en España y el extranjero. Todo ello, conlleva un esfuerzo presupuestario que está estrechamente ligado con el que se hace en Investigación, Desarrollo e innovación, para el 2009 casi 8.000 millones de euros en inversión civil. Aquí también se cuenta con la continuidad del ambicioso Plan aprobado en 2005 “Ingenio 2010” y que pretende alcanzar una inversión del 2 % del PIB destinado a I+D+i en 2010 y que junto con la inversión privada sirva para alcanzar la media de la UE en porcentaje del PIB destinado a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

¡Es otra forma de entender la Universidad y la Ciencia y el Desarrollo que lleva aparejada, y cómo han de contribuir al futuro de España!

Elviro Aranda Álvarez.

DIARIO DE UN CONGRESO

Hace unas semanas se celebró en Madrid el decimoprimer Congreso del PSM.

Yo que soy una militante que lleva muy poco tiempo metida en el partido esperaba con ilusión esta fecha, para mí era una gran oportunidad de sentirme involucrada en el partido que defiende mis ideas y con el cual me identifico. Por qué no decirlo, estaba muy entusiasmada. Sin embargo, cuando llegó el día y vi que era en verdad la política y el PSM, sentí una gran desilusión, una especie de fracaso, pues aquello distaba mucho de lo que cualquier persona o militante que no este muy metido en la política pueda imaginar.

Verdaderamente pensé que había más preocupación por los medios de comunicación que por los militantes que creemos en que el Partido Socialista de Madrid es el que debe gobernar en la comunidad.

El primer día acudió Leire Patín, para mostrar su apoyo al candidato a Secretario General Tomás Gómez y nos dio un discurso orientado a mostrar nuestra fortaleza de cara al PP. Sin embargo no sé que había en sus palabras, pero no me llegaba a transmitir eso que yo pensaba que era lo que debía transmitir. Después del descanso desapareció la prensa y los invitados y nos subsumimos en una especie de oscuridad que se mezclaba con un ambiente un tanto extraño.

Subieron algunos militantes a mostrar su apoyo a Tomás y se produjeron grandes carcajadas cuando uno de ellos se autodefinió como un pelota. Sólo hubo dos intervenciones que pidieron el voto en contra, las cuales obtuvieron pocos aplausos, aunque mostraban una opinión tan respetable como la que pudiera haber dado cualquiera de los allí presentes.

Tomás dio varios discursos durante el Congreso, aunque del mismo modo que Leire, no me convencía. No sé quizá fuera el ambiente que estaba respirando el que me hacía tener esa visión. Después de tanto tiempo queriendo sentirme involucrada en el partido, no entendía ni la mitad de las cosas que allí pasaban. Mi ilusión se había desmoronado.

El segundo día de Congreso empezó igual que el anterior, con impuntualidad. Aunque la falta de organización que parecía haber era un poco alarmante.

Tomás recibió ya como Secretario General del PSM al Presidente de Gobierno y ambos entraron en el plenario entre aplausos. Zapatero hay que decir que tiene un porte que no todos los políticos poseen y que ya de por sí arranca aplausos.

A pesar de todo, como el día anterior no era capaz de sentirme integrada oyendo a Zapatero criticar a Esperanza Aguirre. Sin embargo el Presidente encandiló al anfiteatro y a la prensa.

He de decir también que noté un poco de utopía en las palabras de muchos que veían demasiado fácil destronar a Aguirre. Va a ser un trabajo muy difícil el que va a tener que hacer Tomás si queremos ganar en Madrid en 2011 y me pareció muy desacertado afirmar con rotundidad nuestra victoria. Esta bien que nos lo creamos un poco pero sin olvidar nunca el principio de prudencia como decía una profesora mía.

El tercer y último día fue normal, sin mayor novedad. El mismo ambiente tenso y mi falta de ubicación. Tomás estaba como si no se lo creyera, recibiendo los halagos que le prodigaba la gente de su alrededor.

Les diré a modo de conclusión que para ser un partido como se pinta hacia fuera, a mí, me desilusionó.

No sentí esa “atracción” que debería tener para los jóvenes, que a fin de cuentas somos las generaciones venideras que deben “sustentar” el país como dice mi abuela. No sé pero personalmente creo que debería hacerse algo para que nos sintamos más involucrados, no sé como decirlo. Siento decírselo así, con frases hechas y metáforas, pero creo que debería tenérsenos más en cuenta y no sólo en el sentido de Juventudes, sino también a los jóvenes que estamos en otro tipo de agrupaciones, esos que a pesar de no ir etiquetados con Juventudes estamos al pie del cañón para colaborar con nuestro partido en lo que sea necesario.

Por último y para cerrar este diario en el que me he propuesto mostrarles mi punto de vista, diré que a pesar de todo, hay personas y agrupaciones con las que ha sido un placer compartir este Congreso, que me han demostrado cuales son los principios socialistas y como es la vida en este partido. Respecto a las elecciones de 2011, dejemos que el tiempo dictamine y no adelantemos acontecimientos como siempre ya que todos conocemos el cuento de la lechera y su final.

Sin más espero que les haya gustado este pequeño artículo pues lo he hecho con toda mi buena intención.

 

Lorena Pérez García

 

PENSANDO EN UNA REFORMA ELECTORAL

El sistema electoral es una herramienta en la democracia representativa de una gran importancia. Sirve para poder hacer presente la voluntad popular. Por tanto, es el instrumento que garantiza la legitimación del sistema, y posibilita la formación de gobiernos de mayor o menor estabilidad. Por lo tanto, con el sistema electoral siempre vamos a estar ante un modelo que prioriza la fortaleza de los partidos mayoritarios o la presencia en las cámaras parlamentarias de los grupos minoritarios. Por más vueltas que se le de al asunto estas son las dos grandes cuestiones que aparecen al hablar de procesos electorales, y la "dosis" que se ponga de cada uno de los dos modelos es lo que determina estar más cerca de un sistema o de otro.

Para todos aquellos que conocen un poco el Derecho electoral es sabido que hay dos grandes modelos electorales que, a su vez, admiten distintas variables: el modelo mayoritario, propio de la cultura anglosajona, que se fija sobre todo en la consecución de la representación y la garantía de gobiernos estables; y, el modelo proporcional, más cercano a la cultura continental Europea, donde prima la idea de representatividad y, por tanto, el sistema electoral busca ante todo la justicia electoral.

La Constitución española establece en el artículo 68 que los diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La expresión anterior se ha convertido casi en una muletilla para definir el derecho de voto en nuestro sistema. De ella tiene sentido fijarse ahora en la idea de que el voto ha de ser universal e igual.

La universalidad del voto fue el primer intento para corregir el voto censatario propio de las constituciones liberales de finales del XVIII y principios del XIX. Aunque, ciertamente, fue un intento fallido puesto que para que los "privilegiados" pudieran seguir teniendo peso en las elecciones se ideó el voto múltiple o voto plural. ¡Bien simple el invento!: todos votan, pero algunos votan más.

El segundo paso fue decir que el derecho de voto tenía que ser además de universal igual. Entendida la igualdad como el trato formalmente idéntico para todos los electores en el reconocimiento del ejercicio de voto.

Las constituciones contemporáneas han asumido esos avances y en la actualidad decir que el derecho de voto es universal e igual se puede entender de dos formas: una estrictamente formal o de igualdad aritmética; es decir, que todos tiene derecho a participar emitiendo su voto en igualdad de condiciones. Otra de carácter material o igualdad de resultado; es decir, que la igualdad del voto no se garantiza tan sólo con el derecho de emisión, sino que debe haber también una cierta igualdad de resultados. Cuando se prioriza un sistema de igualdad formal es fácil poner en práctica un sistema mayoritario puesto que, garantizada la igualdad de emisión, lo que se busca es la gobernabilidad. Cuando se prioriza un sistema de igualdad material es más frecuente poner en práctica sistemas proporcionales puesto que lo más relevante es conseguir un "reflejo" lo más ajustado posible en las instituciones a la realidad social; y por ello, se está más dispuesto a "sacrificar" niveles de gobernabilidad.

Nos manejamos con un sistema electoral que produce situaciones de la siguiente naturaleza: en Madrid conseguir un escaño en las elecciones de 2008 costó 173.762 votos, mientras que en Soria bastó con 46.796 votos; un sistema que en esas mismas elecciones ha dado una representación de 2 diputados para IU con 936.040 votos y una representación de 6 diputados al PNV con 303.243 votos. Parece que ahí tenemos un problema con la igualdad de resultado.

Sin duda que nuestro sistema electoral ha sido de gran utilidad para la conformación de gobiernos de gran estabilidad, no en vano si se analiza con cuidado, cosa que no puedo hacer ahora, ha funcionado en la práctica como un sistema mayoritario corregido. Desde luego, eso tenía mucho sentido cuando se aprobaron las primeras normas electorales que lo que buscaban como prioridad era asegurar la democracia en un país que salía de cuarenta años de dictadura, pero eso ha cambiado y, quizás por ello, nos podría hacer pensar si no debería cambiar también un sistema que restringe tanto la igualdad de resultados en el voto. No se ha de olvidar que el apartado 68.3 de la Constitución dice que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

Cuando se habla de reformas electorales se recurre siempre a reclamar el cambio de la fórmula de transformación de los votos en escaños, la famosa ley D´Hondt y, también es frecuente hablar de la apertura o el desbloqueo de las listas. Sin embargo, se suelen olvidar dos cuestiones que seguro --tampoco puedo desarrollarlo ahora pero basta con irse a la literatura especializada para comprobarlo--, mejorarían mucho la proporcionalidad: el aumento de los escaños de 350 a 400 y el reparto de escaños a elegir por circunscripción. El aumento de 50 diputados supone una oportunidad de primar aquellas circunscripciones más pobladas sin la necesidad de restar a otras; la segunda --de mayor dificultad política, soy consciente--, supone replantearse el número de escaños mínimos que se asigna a cada circunscripción (ahora son dos) y el sistema de prorrateo de los escaños que se asignan a cada provincia según la población.

Como decía, no puedo desarrollarlo ahora, pero con un sistema de 400 escaños y una formula de prorrateo de escaños por provincia que cambie la fórmula de cuota de reparto del actual artículo 162.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por un sistema de reparto inspirado en la fórmula D´Hondt Madrid pasaría de 35 a 45 escaños y Barcelona de 31 a 40 que, sin duda mejora mucho la proporcionalidad. La pregunta es: ¿estaremos en condiciones de alcanzar los acuerdos necesarios para hacer éstos y otros cambios que actualicen nuestro sistema electoral?

Escrito por Elviro Aranda Álvarez   

A VUELTAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO

Estamos al inicio de una nueva legislatura y casi como práctica de buenas costumbres seguro que muchos nos acordaremos en los próximos días del funcionamiento del Parlamento y de la necesidad de remozar sus normas internas: el Reglamento del Congreso de los Diputados y el Reglamento del Senado.

Los discursos de toma de posesión de los Presidentes de ambas cámaras ya hace muchos años que recogen, también como práctica de buenas costumbres, la mención a su compromiso decidido de que, mediante la reforma de esas normas, se modernice el Parlamento y se consiga una mayor efectividad en el trabajo que se desarrolla en la Carrera de San Jerónimo y la Plaza de la Marina.

Que desde 1982 no se haya podido hacer una reforma en profundidad, pese a que todos los que trabajan en las Cámaras, tanto como profesionales cuanto como representantes políticos, reconozcan que es muy necesaria, demuestra que la cuestión no es tan sólo un problema de mayor o menor voluntad política. Es, como espero poder demostrar, una cuestión que viene determinada por la forma de gobierno y por la pérdida de respeto al valor de las instituciones que se ha producido en los últimos años.

Nuestra democracia parlamentaria tiene un fuerte componente presidencialista. Creo que esto nadie lo niega a estas alturas. Elegimos a nuestros representantes al Congreso y al Senado y, la Cámara Baja, en una muestra de buen parlamentarismo elige, mediante el debate de investidura, al Presidente del Gobierno. La investidura conlleva la confianza al Presidente y, por ello, la Constitución reserva al Parlamento la posibilidad de retirársela mediante la moción de censura.

Sin embargo, lo cierto es que la mayoría parlamentaria, organizada según la estructura de poder del partido mayoritario, se erige en una estructura de poder piramidal que hace que la forma en que se desarrolla el sistema sea en realidad una mera formalidad.

Lo verdaderamente relevante no es la fortaleza del Parlamento frente al Ejecutivo, sino si el partido más votado cuenta con los resortes necesarios para desplegar su estrategia política y acercarse a los partidos minoritarios que necesita para la estabilidad de su Gobierno.

A partir de aquí, todo el sistema queda trastocado. Las instituciones y los órganos que las componen pasan a formar parte de los recursos que unos y otros van a tener para desarrollar su estrategia política. ¡Y eso es lo malo! Que órganos que han de estar para garantizar la objetividad y el funcionamiento de los procedimientos entran desde el primer momento en el juego político.

La Presidencia y las Mesas de las Cámaras son órganos que se han de elegir y que deben desarrollar sus funciones en esa clave de imparcialidad y de respeto a la institución y el buen cumplimiento de los procedimientos mediante los cuales se desarrolla el debate político que antes señalaba.

Hace mucho tiempo que todos los partidos han visto que ocupar algún puesto en estos órganos es una oportunidad para reforzar su posición política (aquí quiero expresar mi alegría por la decisión del Grupo Socialista en esta Legislatura de ceder dos puestos de la Mesa a los grupos minoritarios, y mi decepción ante la contumaz decisión “acapáralo todo” del PP y no prestarse a estos acuerdos). Con ello, hace también mucho tiempo que se ha perdido el valor del consenso a la hora de elegir a las personas que van a ocupar esos puestos. ¡Éste es el gran problema!

Los Presidentes de las Cámaras difícilmente son hombres o mujeres de la institución, sino que, por el contrario, son personas de partido; y si por su idiosincrasia alguno no lo es, peor aún, puesto que pese a su voluntad de independencia se le ve y se le trata desde los otros grupos como tal.

Las Mesas que deben acompañar al Presidente/a en esa honrosa labor de dirigir, organizar y desarrollar el trabajo parlamentario se han convertido en órganos con representantes de los grupos parlamentarios (casi comisarios) que están muy atentos para garantizar que la ordenación del trabajo o la aprobación del orden del día se hace con beneficios para su estrategia parlamentaria.